SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró hoy que en el "menor tiempo posible" se acometerán las obras correspondientes en el Parque Industrial de Las Aletas de Puerto Real (Cádiz) "sin renunciar a los usos previstos inicialmente", pero "ajustándose a la sentencia del Tribunal Supremo y al informe de la abogacía del Estado".
En comisión parlamentaria, Fernández destacó que en la sentencia del Tribunal Supremo no hay mención a la realización de actos políticamente inapropiados, "sino interpretaciones jurídicas de actos administrativos". En concreto, apuntó que "no hay problema ni ilegalidades" con las 240 hectáreas que no están afectadas por la reserva del acuerdo del Consejo de Ministros.
Además, detalló que la sentencia del Supremo "sólo" afecta a 287 del total de 527 hectáreas al anular el acuerdo del Consejo de Ministros en cuanto a la declaración de reserva, y no disuelve el consorcio, sino que "sigue funcionado y puede realizar los actos necesarios para desarrollar los fines que le incumben y también las aportaciones financieras previstas en los Presupuestos".
De esta manera, el titular de Empleo explicó que, tras la sentencia del Tribunal Supremo y tras el informe de la abogacía del Estado, tanto la Junta de Andalucía como el Consorcio de las Aletas concretarán los usos con "clara definición y concreción", abordarán la idoneidad de la ubicación de las empresas, se limitará a 30 años con derecho a prorrogarlo otros 30 la temporalidad, se acometerán las medidas necesarias para determinar la reversibilidad de los terrenos y se realizará un informe con la evaluación del impacto medioambiental.
PP PIDE PLAZOS CON "TRANSPARENCIA Y CLARIDAD"
Por su parte, el diputado del PP José Loaiza pidió conocer los plazos de las obras en las Aletas, porque la "necesidad" de que salga adelante el proyecto es "la prioridad para todas las fuerzas políticas". Asimismo, criticó que durante todo el proceso ha faltado excelencia y pidió "transparencia y claridad".
Por último, el diputado del IU Ignacio García destacó la importancia de las 287 hectáreas afectadas por la sentencia del Supremo, ya que "por su ubicación y características son fundamentales". Además, demandó "una dosis de realismo" a la situación, ya que la sentencia del Supremo "no admite recurso".
