SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Empleo ha aclarado que los pagos ordenados por el director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, y señalados por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, al tratarse supuestamente de abonos "directos" a empresas intermediarias en pólizas de seguro de rentas por prejubilación, responden a "acuerdos" formalizados antes de que Rivera ostentase este cargo. Rivero, imputado en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con cargo a fondos autonómicos, "se limita a ordenar los pagos en base a acuerdos firmados previamente a su nombramiento", según la Consejería.
En un comunicado, la Consejería de Empleo ha defendido que no le consta "el atestado de la Guardia Civil al que hace referencia el señor Sanz, que una vez más continúa con su estrategia habitual de difamación y falsas acusaciones sobre la política de ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo". No obstante, defiende que las ayudas a las hace alusión señor Sanz "son en concreto dos resoluciones acordadas en diciembre de 2009, y por tanto anteriores al nombramiento de Daniel Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social".
El actual director general de Trabajo "se limita a ordenar los pagos (por el 75 por ciento del importe total) en base a acuerdos firmados previamente a su nombramiento con la Asociación de Promoción Social "28 de Febrero" de Santana Motor y la Asociación de Trabajadores la Faja Pirítica de Huelva. Cuando se ordenan esos pagos, todavía no había conocimiento de las posibles irregularidades", señala la Consejería.
Recuerda además la Consejería que las ayudas "están concedidas a las asociaciones de trabajadores, que son quienes solicitan que los pagos se instrumentalicen a través de la empresa aseguradora". "El PP celebra día tras día una constante ceremonia de la confusión, mezclando el fraude en un determinado ERE con la puesta en duda sistemática de la totalidad de ayudas sociolaborales. Intentando confundir a la opinión pública el PP miente una vez más, instalado en la política del 'todo vale'", dice la Consejería.
La Consejería de Empleo ha insistido en su "compromiso de investigar todas las irregularidades que hayan podido producirse en este caso", pues "el Gobierno de Andalucía ha reiterado que está investigando caiga quien caiga, y así se puede demostrar en los detalles de estas ayudas que ahora intenta instrumentalizar el PP".
Sobre las ayudas aludidas por Sanz, Empleo defiende que en ambos casos, "se ha solicitado a los beneficiarios justificación de la ayuda y certificaciones acreditativas de su aplicación a la finalidad y gastos para la que fueron concedidas, así como memoria explicativa, no se ha desembolsado el 25 por ciento restante de la ayuda y está en marcha el procedimiento de revisión de oficio" de las citadas subvenciones.
