SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Las empresas andaluzas de formación, a través de la asociación Cecap, han insistido en que las "irregularidades" que se están investigando se están detectando en las llamadas subvenciones especiales, tras lo que ha agregado que las cuatro entidades a las que la Junta les reclama en firme el reintegro "son públicas", no a empresas privadas.
En una nota remitida a Europa Press, Cecap ha recordado que existen dos tipos de subvenciones de acciones formativas. Una de ellas es por concurrencia competitiva, donde concurren empresas y asociaciones y se publican en el BOJA, tras un proceso de baremación, en cuya clasificación intervienen docenas de profesionales técnicos y funcionarios. Agrega que estos cursos "son fundamentalmente presenciales y es casi imposible que se produzca fraude sin ser detectados". Ha agregado que estas acciones formativas "representan menos de un tercio del total de cursos".
El segundo tipo de subvenciones son las llamadas subvenciones especiales, que "son en general adjudicaciones de forma directa a la patronal, sindicatos, Faffe, corporaciones locales y subvenciones varias". Cecap ha explicado que estas partidas están destinadas principalmente a entidades "públicas". Los cursos, además de poder ser presenciales, pueden ser también a distancia y 'on line'. Han añadido que estas subvenciones "representan más de los dos tercios del total de los cursos".
Las fuentes han agregado que "son en estas últimas entidades, las de adjudicación de forma 'directa', donde se están detectando las irregularidades".
Asimismo, han precisado que "las cuatro entidades a las que la Junta les reclama en firme el reintegro son públicas" y han indicado que la Cámara de Cuentas "detectó las principales deficiencias en la Faffe y ha decidido auditar la totalidad de sus cuentas desde el año 2003 a 2011".
Han recordado que la Cámara de Cuentas "también detecto que el 89 por ciento de estas subvenciones se habían concedido sin concurrencia competitiva". La Fiscalía ha decidido investigar las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas y sus resultados han sido enviados al Juzgado de la juez Mercedes Alaya, mientras que la Policía investiga en Málaga a 17 entidades por cursos con compromiso de contratación, correspondientes a subvenciones especiales.
Laa fuentes han recordado que "las subvenciones que se adjudican a la patronal, sindicatos y Faffe se dedican a cursos que en algunas ocasiones se realizan por empresas que ellos particularmente eligen y a las que a veces le retraen el 20 o 30 por ciento del importe de los cursos por motivos de 'coordinación'".
Asimismo, han dejado claro que los cursos presenciales desarrollados por las empresas "están ejecutados, inspeccionados por los técnicos de la Junta de Andalucía, pagados anticipadamente por las propias entidades, auditados y entregados los justificantes en el Registro de la Junta de Andalucía, es decir, los cursos están totalmente justificados".
Han recordado que la verificación "es un procedimiento interno de la Junta que no debería retrasar el trámite del pago de estos cursos ya justificados". La Cámara de Cuentas "ha detectado que la Junta lleva años de retraso en verificar los cursos justificados por las entidades y por lo tanto sigue sin cumplir la obligación de pago contraída con las pymes".
Cecap considera que "a la Junta no le interesa reconocer la obligación de pago porque, de esta forma, puede presumir de cumplir con la deuda y con el déficit público, mientras las pymes van quebrando por los incumplimientos de la Junta".
