SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Ley de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas entra en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Así, el Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 24 de septiembre por unanimidad esta normativa, que prevé la eliminación del 33 por ciento de los procedimientos de ámbito autonómico para la autorización de actividades económicas.
Esta nueva norma, que responde a un compromiso de investidura de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, plantea la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes para eliminar 64 trámites actualmente vigentes a nivel autonómico.
Además, agiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.
De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de 'declaración responsable', que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente. Todos ellos se suman a los 85 ya simplificados por la Junta desde el año 2011, lo que hace un total de 149.
En mayor o menor medida, la nueva Ley de reducción de trabas administrativas considera que estas autorizaciones no están justificadas por razones de interés general o son innecesarias o desproporcionadas. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medio ambiente y el juego y los espectáculos públicos.
De este modo, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso y aprovechamiento de terrenos forestales.
Los 64 procedimientos simplificados forman parte del catálogo de los 220 derivados de la normativa autonómica que el Gobierno andaluz ha analizado exhaustivamente desde principios de este año para estudiar sus posibilidades de agilización. De ellos, se identificaron 26 afectados también por la legislación estatal, sobre los que no se puede actuar. De los 194 restantes, 130 se mantienen por razones de interés general, orden público, seguridad y salud pública, medio ambiente o protección del patrimonio histórico.
Para la agilización de los 64 trámites finalmente seleccionados, esta ley dispone la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes. Las leyes afectadas son la de Juego y Apuestas; la de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética; la de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; la reguladora de la Mediación Familiar; la de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; la de Sociedades Cooperativas, y la de Salud Pública, así como el decreto legislativo que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior.
