Profesionales por la Ética y ANPE rechazan Educación para la Ciudadanía, aunque la Junta ha "suavizado" su lenguaje
SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Enseñanza Pública (Codapa), que representa a más de 2.700 asociaciones de toda la Comunidad, confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "desestime los recursos presentados contra el currículum de Secundaria y, más concretamente, contra los contenidos de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, de forma que ésta pueda comenzar a impartirse sin trabas en el curso que se avecina, tal y como estaba previsto".
Precisamente, hoy concluye el plazo de la Consejería de Educación y el Ministerio Fiscal para presentar alegaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a los recursos contencioso-admnistrativos, presentados en Sevilla por cinco padres que, mediante una iniciativa particular, pretenden que dicho órgano judicial imponga medidas cautelares para suspender el decreto de la Junta de Andalucía, que desarrolla la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC). Por el momento, el departamento de Cándida Martínez prefiere no comentar nada sobre este asunto.
Uno de los padres que presentaron los recursos ante el TSJA, Carlos Seco Gordillo, explicó a Europa Press que éstos "están basados en la vulneración de los derechos fundamentales de libre elección y educación, así como en la libertad de religión". Al hilo de ello, insistió en que la implantación de EpC "vulnera nuestros derechos jurídicos, debido a que el Gobierno andaluz ha aprobado el desarrollo de la asignatura cuando ya habíamos matriculado a nuestros hijos en los colegios".
La presidenta de Codapa, Pilar Triguero, se manifestó en un comunicado sobre dichos recursos, argumentando que "pretender paralizar el currículum de cientos de miles de estudiantes porque parte de una asignatura no se ajuste a los gustos de unos cuantos me parece un acto de irresponsabilidad".
A su juicio, "está existiendo una clara manipulación por parte de ciertos sectores sociales a la hora de tratar este asunto desprestigiando una asignatura en la que se imparten conocimientos como los Derechos Humanos del Hombre o la Constitución española".
La presidenta de Codapa apuntó, además, que Educación para la Ciudadanía "no es una materia nueva recién ideada por el actual Gobierno, como se intenta hacer creer desde determinados foros, sino una disciplina que más de la mitad de los países de la Unión Europea ya contemplan en sus planes de estudio".
"Es más, el Consejo Europeo, que se halla en la primera fase de Acción del Programa Mundial para la Educación de los Derechos Humanos, lleva ya cinco años insistiendo en que se implante", aseveró Triguero.
Por último, recordó que "la objeción de conciencia no tiene cabida en este asunto" y que los centros concertados que la apliquen "se arriesgan a perder el concierto, puesto que esta materia es obligatoria al emanar de una ley orgánica".
De otro lado, Profesionales por la Ética señaló hoy en un comunicado que "a las puertas del mes de septiembre, la Junta de Andalucía ha aprobado las ordenes que desarrollan los contenidos curriculares de las diversas asignaturas".
Según manifestó Miguel Gómez de Agüero, presidente de la plataforma, "la Junta de Andalucía había elaborado varios borradores de Educación para la Ciudadanía pero, finalmente, ha decidido suavizar el lenguaje y el tono radical algunos conceptos como preferencias sexuales o distintas realidades familiares manteniendo, sin embargo, el carácter invasor de la asignatura".
En concreto, indicó que "los contenidos andaluces de Educación para la Ciudadanía remiten a los establecidos por el Ministerio de Educación en los reales decretos de mínimos". Según estos decretos, los alumnos andaluces de 3º de la ESO estudiarán "los principios relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional", al tiempo que "se les ayudará a construirse una conciencia moral".
También se incluyen como contenidos relativos a las relaciones interpersonales, los afectos, las emociones y los interrogantes del ser humano, temas que a juicio de Profesionales por la Ética "corresponden a los padres, según recogen la Constitución Española".
Por otro lado, el sindicato ANPE apuntó que "el debate social que han abierto los contenidos a impartir por esta nueva materia y la indefinición no sólo de muchos de estos contenidos sino de la propia entidad de la asignatura en el marco del currículo escolar, indica hasta qué punto la Educación para la Ciudadanía constituye un proyecto ideológico más que una demanda real del sistema educativo".
Durante el periodo de elaboración de la LOE, ANPE hizo llegar al Ministerio de Educación su postura crítica ante la nueva materia por considerarla "innecesaria".
A su juicio, "los contenidos cívicos y la educación en valores - que son enseñanzas fundamentales- por su propia naturaleza práctica requieren una presencia transversal en el currículo y su espacio natural es la acción tutorial".
