SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación en funciones, Sebastián Cano, no ha detectado que desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitiera la sentencia autorizando a una familia objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) --el pasado 4 de marzo--, la Consejería haya recibido un incremento significativo de estas peticiones por parte de más padres.
En declaraciones a Europa Press, Cano aseguró que su departamento mantiene "el mismo número de objeciones que antes de la resolución judicial". En concreto, explicó que en su departamento hay registradas 433 objeciones de conciencias de alumnos de 3º de ESO, curso en el que se imparte esta asignatura.
No obstante, el titular del ramo dijo desconocer "si los padres a los que en su momento se le denegó la objeción habrán acudido a los tribunales", siguiendo el ejemplo del caso de Bollullos Par del Condado (Huelva).
De otro lado, celebró que la Abogacía General del Estado "se sume a la intención de recurrir al Supremo la sentencia del TSJA, porque a las dos administraciones les impulsa el mismo objetivo, que no haya sentencias diferentes, según la Comunidad, sobre una asignatura que es común en toda España".
Por último, Cano indicó que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está trabajando para interponer en breve, "en tiempo y forma", el recurso contra la resolución del alto tribunal andaluz.
La Abogacía del Estado ultima un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que avala el derecho a ejercer la objeción de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Aunque el Gobierno respeta esta sentencia, entiende que el pronunciamiento del tribunal andaluz va "en sentido contrario" a las sentencias dictadas por los tribunales superiores de Asturias y Cataluña, en las que se descarta la objeción de conciencia en casos similares.
Por ello, presentará un recurso de Casación, de tal manera que el Alto Tribunal fijará el criterio sobre este problema planteado por colectivos de familias contrarios a los contenidos de la asignatura contenida en la Ley Orgánica de Educación.
