SEVILLA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP defenderá una proposición no de ley el jueves ante el Pleno del Parlamento en la que demanda que la institución repruebe a la consejera de Educación, Teresa Jiménez, por "su nefasta gestión y muy especialmente por vulnerar el derecho a la intimidad de los menores que en el ejercicio de sus derechos han objetado a cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía", cuyos nombres fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Según señala el PP en la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, "el rechazo al Plan de calidad y mejora de los rendimientos escolares, "las graves e importantes carencias en materia de infraestructuras educativas, la posición de Andalucía en la cola del ránking de comunidades en educación, y la derogación de once planes y proyectos educativos constituyen, entre otros, claros ejemplos de la ineficaz gestión de la Consejería de Educación".
Agregó que la publicación en el BOJA de los nombres y apellidos de 81 alumnos cuyos padres habían ejercido su derecho a la objeción de conciencia es un "pésimo ejemplo del abuso por parte de la Consejería de Educación, que pone de manifiesto la valoración que le merece la especial protección de los menores por parte de los poderes públicos consagrada en nuestra legislación".
"Esta clara vulneración al derecho a la intimidad de los menores, al que están especialmente obligados los poderes públicos, ha sido puesto de manifiesto por el Defensor del Pueblo Andaluz, quien tras actuar de oficio ante este hecho solicitó además a la Consejería de Educación que impidiera que en futuras ocasiones se volviese a identificar a los menores con nombres y apellidos", según el PP.
A esto hay que añadir, según el grupo popular, la investigación iniciada por parte de la Fiscalía de Sevilla sobre tal suceso y la exigencia de la Agencia Española de Protección de Datos de limitar la difusión de datos personales tras atribuir a la Consejería de Educación "una infracción muy grave".
Lamentó que la "máxima responsable de la política educativa en Andalucía y, por tanto, responsable directa de lo acontecido no asume la responsabilidad que la comunidad educativa solicita y se escuda en el cese de una funcionaria como cierre a este lamentable suceso".
