Critica la no difusión de las bonificaciones de las ordenanzas fiscales para empresas de interés especial y generadoras de empleo
SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha manifestado este miércoles que, según sus cálculos, el presupuesto general del Consistorio para 2014 contempla partidas por valor de unos 120 millones de euros cuya aplicación es susceptible de ser bloqueada o anulada como consecuencia de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como "reforma local".
Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y merced a su aplicación, el Ayuntamiento de Sevilla ha paralizado el comienzo de tres escuelas taller promovidas por su propia iniciativa pero cofinanciadas por la Junta de Andalucía.
Según el Gobierno local, estas tres escuelas taller contaban con consignación económica en los presupuestos municipales, pero la Intervención General del Ayuntamiento ha formulado un "reparo" al expediente de contratación de los 18 monitores de las escuelas taller en el sentido de que, merced a la aplicación de la reforma local, no procedería librar fondos municipales para equiparar sus salarios a los del convenio colectivo del Consistorio. Dado el caso, ha sido necesario reconfigurar el expediente de contratación con unos salarios ceñidos exclusivamente a la financiación aportada por la Junta de Andalucía para estas iniciativas.
"LA PEOR INTERPRETACIÓN" POSIBLE
Para Espadas, conflictos como el de las citadas tres escuelas taller prueban que el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido está dispuesto a aplicar la reforma local "desde la peor interpretación posible", extremo que le ha llevado a recordar que la nueva legislación estipula un año de transición, pero el Ayuntamiento ha comenzado a aplicarla "de inmediato" dando lugar a conflictos como el de las escuelas taller.
Dado el caso, Juan Espadas avisa de que, según los cálculos del PSOE, los presupuestos generales del Ayuntamiento para el año en curso incluyen, en materia de empleo, asuntos sociales y otros aspectos, partidas por valor de unos "120 millones de euros" cuya aplicación podría ser anulada como consecuencia de la mencionada Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En ese sentido, ha planteado la interrogante de "¿qué piensa hacer Zoido con las cantidades del presupuesto municipal que él cree inejecutables"? como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Así, avisa de que mientras ciudades como Zaragoza ya cuentan con "un informe completo sobre el impacto de la reforma local sobre cada servicio municipal" y trabajan en la elaboración de alternativas, la pregunta en Sevilla es "a cuántas subvenciones está dispuesto a renunciar Zoido" bajo la premisa de que la nueva ley "desentiende" al Ayuntamiento de la participación en programas de formación, empleo o servicios sociales cofinanciados principalmente por otras administraciones. Para Espadas, no sería justo que el dinero consignado en los presupuestos para actuaciones concretas en materia de formación o empleo fuese destinado a otros fines.
MOCIÓN AL PLENO
Espadas ha manifestado todos estos extremos en la presentación de una propuesta que los socialistas defenderán en el próximo pleno ordinario, para recuperar el debate sobre el empleo, pues el dato del paro registrado correspondiente al mes de enero reflejaba un total de 90.826 desempleados en la capital andaluza. Los socialistas, en ese sentido, explican que las ordenanzas fiscales de 2014 recogen la idea del PSOE de bonificar en los impuestos de bienes inmuebles (IBI), de actividades económicas (IAE) y de Construcciones instalaciones y obras (ICIO), a las empresas de actividades declaradas "de especial interés o utilidad municipal" y que generen puestos de trabajo, extremo por el cual el Ayuntamiento preveía desprenderse de ingresos por valor de 4,78 millones de euros.
Pero según Espadas, el 31 de enero finalizó el plazo para solicitar la bonificación en el caso del IBI y el 31 de marzo sucederá lo mismo en el caso del IAE, todo ello sin que haya mediado "publicidad o campaña" institucional alguna para difundir estas bonificaciones. Dado el caso, la moción del PSOE propone que los citados 4,78 millones de euros que el Ayuntamiento ya preveía no recaudar como consecuencia de estas bonificaciones, sean destinados a "una convocatoria pública" para apoyar en el pago de impuestos a empresas cuyas actividades sean declaradas "de especial interés o utilidad municipal y que fomenten la creación de empleo.
