9 de marzo de 2021
3 de junio de 2009

Espadas explicará mañana a sindicatos y empresarios las medidas anticrisis para dar salida al stock de viviendas

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se reunirá mañana con sindicatos y empresarios en el seno de la comisión de seguimiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, donde, además de hacer seguimiento del plan, explicará las nuevas medidas anticrisis con las que se pretende, entre otros objetivos, dar salida al stock de viviendas vacías en la Comunidad.

En la reunión, que tendrá lugar en la sede de la Consejería, se explicarán con detalle las nuevas medidas anticrisis que en materia de vivienda se pretende poner en marcha de forma urgente, como la convocatoria pública para identificar y hacer aflorar el stock de viviendas libres que reúnan una serie de requisitos en materia de precios y calidades, y que estén dedicadas a vivienda habitual, para poder dar salida a esas viviendas sin vender. Este stock podría estar listo en el plazo aproximado de un mes.

Además, según ya anunció la semana pasada la Junta, se arbitrarán a su vez productos financieros específicos, "a la medida", que permitan "reducir la cuota financiera durante los cinco primeros años, en una especie de gradación que suponga un estímulo para dar salida a esas viviendas libres nuevas".

Con esas medidas la Junta pretende "favorecer la aplicación de la Ley de Derecho a la Vivienda en Andalucía, impulsar el sector de la construcción en el ámbito de la vivienda protegida y dar salida al parque de viviendas construidas".

De esta forma una de las medidas, que actuaría sobre la adquisición de vivienda libre destinada a residencial habitual, requiere de una convocatoria pública para aflorar el stock de viviendas libres sin vender que no sean de lujo pero tampoco VPO, con la idea de negociar las condiciones a aplicar a las mismas entre las entidades financieras, agentes sociales y Junta, para darles salida.

Las condiciones de esa convocatoria pública, que hará para promotores y entidades financieras que tengan activos inmovilizados, se negociarán con agentes económicos, para posteriormente comprobar qué entidades y empresas se adherirán a esas condiciones que se fijen y se concrete el stock de viviendas en las condiciones dictadas.

De esta forma, en función del número de viviendas afectadas, cuantos promotores y entidades se adherirán y las características de las viviendas y el nivel de renta de las familias, se concretarán varios productos financieros destinados a "facilitar temporalmente el pago de los préstamos hipotecarios a los que cumplan los requisitos que se establezcan".

Ademas, se arbitrarán otras medidas "de carácter social", dirigidas a las familias que pueden perder su vivienda habitual por dificultades económicas, a las que también se aplicará algún producto financiero para que no pierdan su vivienda habitual, dándole facilidades para poder pagar la hipoteca.

Asimismo, se pretende establecer "una red de seguridad para atender situaciones de emergencia a familias desahuciadas o en embargo judicial, que han demostrado que son solventes y pagaban su vivienda hasta la crisis", de forma que se les daría ayudas para pagar el alquiler a aquellas que hayan perdido su vivienda hasta que se recuperen económicamente para afrontar el pago de su vivienda en propiedad.

La Junta también pretende fomentar el alquiler con opción a compra, para lo cual la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) se compromete a adquirir un número de viviendas entre las que tengan dificultad para su venta y se las podrá alquilar a las personas que no hubieran conseguido financiación, pudiendo ejercer la opción de comprarlas en el plazo que se determine.

PETICIONES DE LOS AGENTES SOCIALES

Ante esas medidas, ya la semana pasada el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, se lamentó de que "muchas de las medidas que se están adoptando pierden relevancia por las limitaciones de diverso ámbito, en el tiempo y en los precios, que convierten esas medidas e ineficaces", por lo que, a su juicio, en las circunstancias actuales "esos condicionantes deberían ser los más amplios posibles.

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, mostró su disposición a discutir esas medidas en el seno de la mesa de vivienda y espera que estas medidas puedan desarrollarse lo antes posible, mientras que el secretario de Organización de UGT-A, Francisco Fernández, destacó la importancia de la Ley de Derecho a la Vivienda y de dinamizar el sector de la construcción y exigió a la Junta que se apruebe en breve la orden que desarrolle el registro de demandantes en los municipios, que ya está consensuada.

MARCHA DEL PLAN CONCERTADO

En cuanto a la marcha del Plan Concertado, el consejero ya indicó ayer en comisión en el Parlamento andaluz que en lo que va de año --hasta mayo-- el número de calificaciones provisionales asciende a 8.081, lo que supone un incremento del 61 por ciento respecto a las 5.012 que se habían concedido en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el pasado año se calificaron 14.000 y para este año hay un previsión de 24.000.

Espadas señaló que a día de hoy "ya hay promotores públicos y privados que han solicitado la calificación provisional de sus proyectos y están dispuestos a abordar la construcción de 22.283 viviendas en toda Andalucía".