SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha reclamado este viernes al alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), que la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento (Emvisesa) retire la denuncia formulada contra las cinco familias que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por esta sociedad municipal sobre el antiguo barrio de Regiones Devastadas, donde actualmente se alzan estas viviendas conocidas como Nuevo Amate.
Después de que el Juzgado de Instrucción número 13 haya suspendido este viernes las comparecencias previstas a cuenta de la imputación de todas estas personas, extremo derivado de la decisión de Emvisesa de desistir de su petición de desalojo cautelar al haber sido desocupadas las viviendas, Espadas señala que "Zoido no puede quedarse al margen de un procedimiento en el que la denunciante" es una sociedad municipal. "Si de verdad quiere que la Justicia considere como atenuante la salida voluntaria de los pisos ocupados, debe retirar la denuncia, sobre todo como gesto de reconocimiento de la lentitud exagerada con la que funciona el sistema de adjudicación tanto de VPO, como de viviendas sociales", dice Espadas.
Así, ha reclamado de nuevo la retirada de esta denuncia y avisa de que "algo ha fallado en los servicios municipales". "Ni supieron detectar el grado de necesidad en el que se encontraban estas familias cuando acudieron al Ayuntamiento y los derivaron a otra ventanilla, ni el procedimiento habitual supuestamente seguido para la adjudicación es suficiente para dar salida ni al 'stock' de viviendas vacías, que suma más de 400 VPO, ni a la veintena de pisos sociales aún libres ni a los 17.000 demandantes de VPO y 700 personas inscritas con necesidad social de vivienda".
En ese sentido, el portavoz del Grupo municipal socialista reclama "una unidad específica de atención y tratamiento de los casos" como el acontecido en Nuevo Amate. "La situación de necesidad se ha ido recrudeciendo ante la inactividad total de Zoido, anclado en el despacho mientras le sobrepasa la realidad en la calle", dice.
El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.
Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.
Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias accedieron a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, pero sin contar con relación contractual alguna con los pisos. Emvisesa, como titular de las viviendas, denunció la usurpación de las mismas e inmediatamente después fue desplegado un cordón policial que ha cosechado diversas críticas a cuenta de sus rigores y restricciones.
Mientras las familias alegan que llevan "toda la vida" reclamando a Emvisesa una VPO, el gobierno municipal del PP esgrime que dos de estas familias ni siquiera habrían tenido contacto con Emvisesa para optar a una vivienda protegida y las tres restantes "se habían interesado por carta" en la posibilidad de solicitar una VPO y "se les contestó" emplazándoles a comenzar el procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de una vivienda protegida, pero no habrían llegado a materializar nada.
