SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Mientras este viernes era la fecha fijada por la Fundación Cajasol para desalojar su centro cultural de la céntrica calle Laraña y entregar el edificio al Ayuntamiento hispalense, como propietario del mismo, el portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha reclamado al Gobierno municipal que aclare sus "planes", manifestando su temor ante la posibilidad de que el edificio sea objeto de "privatización".
"No sabemos cuáles son los planes del Ayuntamiento para este teatro que ha vuelto a sus manos", ha dicho manifestando su temor ante la posibilidad de que haya "planes de privatización" del edificio. En ese sentido, propone que el inmueble sea gestionado directamente por el Ayuntamiento y que el mismo firme un convenio con las orquestas de la ciudad y las asociaciones culturales para que las mismas funcionen en este espacio.
Según la documentación recogida por Europa Press, el 12 de junio de 1995, la Gerencia de Urbanismo y el entonces Monte de Piedad y Cajas de Ahorro de Huelva y Sevilla firmaron el contrato mediante el cual la caja de ahorros asumía la rehabilitación y adaptación completa del inmueble municipal del número 17 de la calle Laraña, el antiguo Teatro Álvarez Quintero, así como su gestión y explotación durante 25 años a partir de la adjudicación definitiva del contrato, con lo que dicho plazo expira el 15 de mayo de 2020.
Tras finalizar en 2006 "los once años de carencia otorgados", la caja de ahorros, transformada después en Cajasol, de la que resta la Fundación Cajasol tras la absorción de la caja a manos de Caixabank, estaba sometida a un canon anual de explotación de 295.170 euros más IVA, toda vez que el 26 de septiembre de este año, la entidad, "en ejercicio de la facultad reconocida" en el contrato en cuestión, comunicó "su renuncia a la explotación del inmueble" por "la mengua de los recursos presupuestados de la Fundación, causada por la realidad económica actual", fijando la fecha del 14 de noviembre para el "desalojo del inmueble y su entrega al Ayuntamiento".
Un informe jurídico emitido por el propio Ayuntamiento reconoce además como "facultad del adjudicatario" renunciar a la explotación del edificio "antes del plazo establecido para la reversión, sin derecho a indemnización alguna" el Consistorio.
