Podio niega relación con Fitonovo pese a figurar en su contabilidad B y admite dinero no regularizado de su actividad empresarial
SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El que fuera ingeniero jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio, imputado en la operación Enredadera, que investiga una red de sobornos a funcionarios y responsables públicos a cambio de contratos públicos para la empresa Fitonovo, ha negado ante la juez Mercedes Alaya que obtuviese regalos o dádivas de esta empresa, pero ha dicho que obtuvo "mucho dinero en negro" de su actividad como empresario inmobiliario, llegando a contar con hasta 1,5 millones de euros "no regularizados" hasta acogerse en 2012 a la amnistía fiscal del Gobierno central.
La operación 'Enredadera', derivada de la operación Madeja, que investigaba ya los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo, se saldó como es sabido con la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo o el actual portavoz municipal de IU-CA, José Manuel García, quien acaba de renunciar a su acta de edil.
En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y trabajadores y directivos de Fitonovo.
Después de que la juez Mercedes Alaya haya levantado el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones, ha trascendido el acta de declaración como imputado de Carlos Manuel Podio, cuya detención en plena sede de la Diputación provincial despertó la atención pública sobre el arranque de la operación Enredadera.
"DÁDIVAS O REGALOS"
En el acta, recogida por Europa Press, la juez Mercedes Alaya explica que Carlos Podio, como ingeniero jefe del servicio de Carreteras de la Diputación, habría recibido de Fitonovo "dádivas o regalos por no fiscalizar la ejecución de los contratos" de mantenimiento de carreteras adjudicados a esta empresa, entre los años 2000 y 2011. Según la juez, durante estos años, este funcionario habría recibido "incluyendo algún regalo de telefonía y trabajos realizados en su finca, la suma de 111.822 euros en concepto de sobornos o comisiones ilícitas", figurando las entregas en las "anotaciones y recibos de la 'caja B' de Fitonovo".
Podio, según su acta de declaración, ha declarado que "no son ciertos los hechos" que se le atribuyen ni que Fitonovo le entregase "regalos de telefonía ni realizase trabajos en su finca", manifestando que carece de "explicación" para "las anotaciones que mes a mes y año tras año se hayan realizado en la empresa Fitonovo" sobre "supuestos pagos" en su favor. Al serle mostrados los documentos de la contabilidad B de Fitonovo en los que figurarían unas "comisiones" relacionadas con su nombre, ha insistido en que no tiene "nada que ver con ese recibo".
Al preguntarle la juez sobre "cómo" con un sueldo de unos 3.500 euros contaba con todo el patrimonio que le ha sido detectado, ha defendido que ha "trabajado mucho por libre en la calle, hasta 2007 o 2008. haciendo proyectos y direcciones de obra" y que "ha tenido varias empresas", una de ellas dedicada al sector inmobiliario, Brenes 2000, con la que "adquirió mucho dinero en negro ya que se vendía a un precio y se escrituraba a otro", mencionando su participación en otras sociedades de este sector como la de Aljarafe 2000, en la que participaba también Carlos Rodríguez de la Borbolla, "ya fallecido".
"DINERO NO REGULARIZADO"
Cuestionado por el hecho de que "sólo haya pagado 5.206 euros mediante reintegro y 3.150 euros con tarjeta", según su "estudio patrimonial", Carlos Podio ha explicado que "con los temas inmobiliarios tenía suficiente dinero en efectivo para pagar de ese modo", pues "durante esos ocho años pudo tener en su domicilio más de un millón de euros en dinero no regularizado". "Cuando más tuvo fue 1,4 o 1,5 millones de euros", aunque "regularizó su situación con motivo de la amnistía fiscal en noviembre de 2012".
También ha trascendido el acta de declaración como imputado del funcionario jubilado del a Diputación Elías Oliver, antaño jefe del servicio provincial de Infraestructuras y quien, según la juez, "habría favorecido a Fitonovo en la adjudicación o ejecución de contratos de obra de la Diputación", obteniendo dádivas por valor de 17.221 euros. La juez cree que Francisco Javier Heredero López, ingeniero de Obra Civil de la Diputación, "de acuerdo" con Elías Oliver, "recibirían de Fitonovo comisiones comunes por facilitar a dicha entidad la adjudicación de contratos, como en la obra de alcantarillado del parque de María Luisa, en la que ambos participarían" obteniendo al menos 25.400 euros "a compartir", aunque en 2007 Francisco Javier Heredero habría recibido 12.000 euros "directamente" de Fitonovo. Elías Oliver, según el acta de declaración recogida por Europa Press, se acogió a su derecho constitucional a no declarar.
