SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
María Ángeles Gala, que fue secretaria del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla la fianza de responsabilidad civil de 336.125,12 euros que le impuso la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, ya que es "innecesaria, exagerada, inútil y desproporcionada" y, en su caso, únicamente intentó encontrar trabajo al marido de una amiga de su hermana que se había quedado en paro.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la imputada defiende que, a lo largo de la instrucción, "ha quedado acreditado que, en la fecha en que acontecieron los hechos, conforme a su puesto de trabajo y a su formación, cumplía funciones de secretaría de meras labores administrativas", tales como atender el teléfono, recepción y envío de faxes o envío de correos electrónicos.
Además, la imputada "tiene como única formación la de graduado escolar, sin conocimientos jurídicos o técnicos", de manera que "nunca tuvo, ni podía tener, ninguna facultad ni capacidad de tomar ninguna decisión o acuerdo, ni de participar de modo directo o indirecto en la elaboración de ningún acto administrativo".
"No tiene sentido considerar que tuviera una activa participación en los hechos, tal y como indica la juez, ya que la misma únicamente realizaba funciones de secretaria, no existiendo en la causa, por tanto, ningún indicio de criminalidad". "Es como si se pretendiera hacer responsable del delito de prevaricación de un tribunal o un magistrado al funcionario de la administración de justicia que transcribió la resolución prevaricante", ejemplifica.
De manera subsidiaria, el letrado pide rebajar la fianza civil a 50.900 euros por la ayuda que, por dicha cantidad, recibió José Luis Llorente.
Y es que "lo más próximo" a la imputada "pudiera ser que recibió y difundió el curriculum del marido de una amiga de su hermana que se había quedado sin trabajo" entre todos sus conocidos, como Guerrero o Juan Lanzas, pero, en este punto, "podríamos preguntarnos quién no ha ayudado a difundir algún curriculum de un vecino, amigo, familiar o 'amigo de' en los últimos años".
Según el letrado, la imputada tuvo conocimiento meses después de que José Luis Llorente fue incluida en un ERE, "al parecer, sin tener derecho a ello", habiéndole impuesto a este imputado una fianza civil de 50.900 euros.
"COACCIÓN O PRESIÓN" A LOS IMPUTADOS
"¿Tiene algún sentido que quien resulta beneficiario de la ayuda presuntamente ilegal deba afianzar 50.900 euros y quien, en el peor de los casos, entregó un curriculum que, meses después, dio lugar a la concesión de la ayuda sin obtener ningún beneficio, deba afianzar una cantidad más de seis veces mayor"?, se pregunta.
Esto es "inexplicable" para el abogado de la imputada, que en este sentido "quiere prescindir de la explicación consistente en que la declaración del perceptor de la ayuda fue del gusto del juzgado", pues "esta representación procesal no podrá aceptar en ningún caso que por ese juzgado, ni por ningún juzgado de España, se pudieran utilizar las medidas cautelares de carácter civil como modo de coacción o presión sobre los imputados".
El abogado critica el "agravio" comparativo respecto a las fianzas impuestas a otros encausados y defiende que, a lo largo de la instrucción, "queda acreditado que Gala no se ha enriquecido con cantidad alguna ni ha obtenido beneficio alguno derivado de los hechos que se le imputan", por lo que pide dejar sin efecto la fianza civil impuesta o, de manera subsidiaria, reducirla a 50.900 euros.
