SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla se ha acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante el juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte del sindicato mediante facturas falsas, y que le imputa dos delitos de falsificación y de fraude de subvenciones, aunque el exlíder sindical ha defendido su inocencia en relación a estos hechos.
Una vez finalizada su comparecencia, el abogado de Fernández Sevilla, Manuel Pérez Cuajares, ha informado a los periodistas de que su patrocinado se ha negado a declarar porque determinada documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en un registro en la sede del sindicato todavía no ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.
El letrado, en este sentido, ha señalado que esta documentación "es de interés" para los hechos que se investigan y será remitida por la UCO al Juzgado por medio de un atestado que, según ha dicho, estará materializado en un plazo aproximado de dos meses.
"Él quiere declarar", ha puesto de manifiesto el abogado, que ha insistido en que, antes de comparecer ante el juez Juan Jesús García Vélez, su patrocinado quiere conocer la documentación que obra en poder de la Guardia Civil.
Al concluir su comparecencia, que se ha celebrado en una sala de vistas y no en el despacho del juez para poder acoger a la veintena de partes personadas en la causa, ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las demás partes ha solicitado medida cautelar alguna para el imputado.
IMPUTADO TAMBIÉN EN EL CASO ERE
Hay que recordar que Fernández Sevilla también está imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya por la ayuda a la multinacional del tabaco Altadis, hechos por los que el Ministerio Público le ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros.
El juez también había citado este lunes como imputado al exsecretario general de UGT-A Manuel Pastrana, pero finalmente suspendió su comparecencia debido a la enfermedad que padece el exlíder sindical y que le impide desplazarse al Juzgado.
El instructor considera que la declaración prestada por el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda "es contundente cuando ratifica la implicación" de ambos en las decisiones ejecutivas del sindicato, "y en concreto las referidas a la creación de la central de compras, órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada".
Al hilo de ello, y en la providencia donde los citó a declarar, el instructor explica que ésta última "se concretaba en el establecimiento de la técnica de 'rapel', que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención".
El juez también alude al llamado 'bote', "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro en un sistema que facilitaba al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados".
ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ LA IMPUTACIÓN
En un escrito elevado al Juzgado el pasado 6 de octubre, el Ministerio Público pidió al juez que citara a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.
En primer lugar, la Fiscalía ponía de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla "fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato", precisando que el primero de ellos "fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013".
De su lado, Fernández Sevilla "fue secretario de Organización durante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión" junto con Manuel Pastrana y el propio Fresneda.
Según explica la Fiscalía, "este núcleo de decisión se concentra desde el punto de vista orgánico en la comisión ejecutiva del sindicato", aseverando que esta comisión ejecutiva, "y singularmente los acusados, no solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".
A continuación, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, hace un resumen de los hechos investigados, indicando que, "en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".
"INSPIRACIÓN DIRECTA" DE PASTRANA
Según pone de manifiesto, los hechos investigados "comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados", y explica que esta central de compras "fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de Organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".
El Ministerio Público señala que "esta financiación ilícita" se llevaba a cabo por medio de varias "vías", como el 'rapel' o el 'bote'.
Según la Fiscalía, "este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación".
En esta causa hay ya 18 imputados, de los que 16 quedaron en libertad con cargos por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones tras ser detenidos por la Guardia Civil en la segunda fase de la operación 'Cirene' desarrollada en junio pasado.
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