SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
La organización de consumidores Facua Andalucía ha criticado que la Junta haya aprobado un decreto sobre asociaciones de consumidores "para garantizar que determinadas organizaciones mantengan sus estructuras a costa del dinero público y se despreocupen de contar con un número mínimamente razonable de socios que legitimen su representatividad", de forma que se pueden "impulsar 'asociaciones' de consumidores sin socios".
En una nota, Facua lamenta que "cualquier chiringuito montado para vivir de las subvenciones podrá darse de alta en el nuevo registro", toda vez que "se minimiza el número de socios e ingresos por cuotas que deberán tener las federaciones autonómicas para ser consideradas como las más representativas".
Para esta organización, la aprobación de este decreto en el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político "supone otro paso atrás en las políticas de protección de los consumidores del Gobierno andaluz, que ha optado por impulsar que se creen asociaciones sin socios", de forma que "permitirá así que cualquier chiringuito montado exclusivamente para vivir de las subvenciones pueda ser dado de alta en el registro de asociaciones de consumidores y opte a ellas".
Asimismo, lamenta que la Junta "ha minimizado el número de socios e ingresos por cuotas que deberán tener las federaciones de ámbito autonómico para ser consideradas como más representativas y, por tanto, ser la voz de los consumidores en órganos consultivos como el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, el Consejo Andaluz de Consumo y numerosas instituciones de las diferentes consejerías".
Facua Andalucía critica que el decreto aprobado el pasado martes tras las negociaciones de los dos socios de gobierno "es muy diferente del inicialmente presentado por la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales".
Lamenta que "los sucesivos cambios introducidos en su borrador han derivado en que para recibir el rango de federación de consumidores más representativa, baste contar con 10.000 socios en toda la comunidad autónoma y 120.000 euros anuales en ingresos por cuotas, cuando hace unos meses, la previsión era que fuesen 15.000 socios y 180.000 euros anuales, cantidades que ya habían sido recortadas con respecto a la propuesta inicial de la Secretaría General de Consumo".
Facua Andalucía llevaba "décadas" reivindicando un decreto para regular a estas entidades de relevancia constitucional "que estableciese asimismo criterios para medir su representatividad". En este sentido, lamenta que ésta "haya sido de nuevo una oportunidad perdida para fomentar que la comunidad autónoma cuente con un movimiento de consumidores fuerte e independiente".
La federación critica que la norma "no ayudará a reforzar al movimiento consumerista sino al contrario, ya que no pretende otra cosa que una mayor debilidad y atomización de las organizaciones de consumidores".
Facua Andalucía insiste a la Junta en que realice de auditorías periódicas a las organizaciones de consumidores que reciben dinero público. Asimismo, exigirá que el Gobierno andaluz implante procedimientos para la concesión de subvenciones de manera que "se verifiquen el número de asociados, reclamaciones e ingresos por cuotas que declaran las organizaciones de consumidores, además de auditar el estricto cumplimiento de los fines para los que se otorgan".
Al igual que la normativa estatal, el decreto prohibirá que las asociaciones de consumidores reciban dinero de empresas con fines de mermen su independencia, como la realización de publicidad. Como novedad, recoge expresamente que tampoco podrán utilizar la misma denominación que entidades con ánimo de lucro.
Las federaciones más representativas podrán formar parte del Consejo Andaluz de Consumo y sus homónimos provinciales, la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma así como del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, el máximo órgano consultivo de los consumidores. Asimismo, podrán ser parte interesada en los procedimientos administrativos sancionadores que hayan promovido en defensa de los consumidores y ejercer el derecho a participar en las políticas sectoriales que afecten directamente a sus intereses.
