SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Facua-Andalucía ha reclamado este jueves al Gobierno andaluz la puesta en marcha de "forma urgente" de un plan para solucionar las situaciones de emergencia residencial que padecen "numerosas" familias en riesgo de exclusión social.
En una nota, ha señalado que se trata de un plan para el que pide la participación de las distintas consejerías con responsabilidades en la materia, el Defensor del Pueblo, los ayuntamientos, las federaciones de consumidores representativas y otros movimientos ciudadanos que trabajan en la problemática de la vivienda.
La federación pide a la Junta que aclare cuántas familias en riesgo de exclusión social están inscritas en los registros públicos de demandantes de viviendas y cuáles son los plazos en los que hasta ahora se viene dando respuesta a sus necesidades.
Ante la polémica suscitada en relación al caso de la Corrala Utopía, en Sevilla, "en el que los afectados han tenido que movilizarse en la calle tras su desalojo para lograr una rápida solución a su problema", Facua-A reclama al Gobierno andaluz "transparencia" en relación a los protocolos de actuación que vienen llevando a cabo Junta y ayuntamientos.
Así, exige un diagnóstico "real" de la situación para conocer las cifras de demandantes de viviendas protegidas inscritos en los registros que gestionan los ayuntamientos, cuántos de ellos están en riesgo de exclusión social y cómo se están atendiendo estas situaciones excepcionales.
En relación al caso de la Corrala Utopía, Facua-A recuerda que el mismo auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que instó al desalojo del inmueble instaba a dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Fomento y Vivienda (IU) y la de Asuntos Sociales (PSOE), y a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla (PP) a que "provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social".
Facua-A considera lamentable que, ante un conflicto que llevaba años esperando soluciones, "desde el poder político se traslade un mensaje que fomenta el enfrentamiento entre los ciudadanos que están a la espera de la adjudicación y entrega de viviendas protegidas".
La federación considera asimismo "un fracaso" de las autoridades competentes el hecho de que "los ciudadanos tengan que verse obligados a salir a la calle a manifestarse ante la lentitud de las distintas administraciones para dar solución a sus problemas mediante el alquiler o venta de viviendas públicas a precios sociales".
