SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización Facua-Consumidores en Acción, que ha celebrado este sábado su novena asamblea general en el Gran Hotel Lar, en Sevilla, en la que han participado 39 delegados de sus organizaciones territoriales, ha señalado que las administraciones públicas "no dan la talla" cuando se producen "fraudes masivos".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Facua, Ruben Sánchez, ha indicado que en la asamblea se ha evaluado el balance de acciones presentadas por la Junta Directiva y desarrolladas durante 2013, así como el programa de acción para los próximos meses.
Según Sánchez, "la coyuntura de crisis económica que vive España aumenta los fraudes al consumidor por dos motivos: en primer lugar, las empresas se aprovechan más que nunca de la debilidad del consumidor, surgiendo así nuevos tipos de fraude; y en segundo lugar, durante la crisis, los recortes afectan al control del fraude, por lo que hay una menor protección al consumidor y menos inspecciones a prácticas fraudulentas".
Asimismo, ha indicado que las administraciones públicas, tanto el Gobierno central como las autonómicas, "no están a la altura ante los graves acontecimientos que se están produciendo en ámbitos de protección al consumidor".
De igual manera, ha apuntado que desde Facua "van a seguir intensificando el control del mercado para destapar fraudes de distinto ámbito, pidiendo multas para los grandes fraudes". En este sentido, ha indicado que, actualmente, "se imponen sanciones ridículas a fraudes millonarios, fraudes que se castigan con multas de pocos miles de euros", por lo que a su juicio, "sale gratis cometerlos".
Además, ha indicado que en la asamblea han evaluado el balance de las reclamaciones que se han realizado en 2013, año en el que han aumentado en un 45 por ciento, "motivado por el crecimiento del número de socios --que alcanzan ya los 125.000 en toda España-- y porque los consumidores están siendo más críticos con los fraudes, ya que les duele más".
La organización ha recordado que las reclamaciones más habituales han sido contra compañías que prestan servicios de telefonía y acceso a Internet. Le siguen las reclamaciones contra la banca y las compañías de electricidad y gas.
