SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) ha valorado este miércoles el apoyo "incondicional" de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y sindicales UGT y CCOO ante las discrepancias con Hacienda tras la reclamación de las bonificaciones del gasóleo B a cooperativas con instalaciones de suministro de carburantes.
Faeca convocó para este miércoles a estas organizaciones y el director gerente de Faeca, Rafael Sánchez de Puerta, ha expuesto con detalle la situación, así como las "numerosas e infructuosas" reuniones mantenidas con representantes de la Administración. Como resultado, todas las organizaciones agrarias y sindicales han acordado por unanimidad crear un grupo de trabajo para diseñar un calendario de movilizaciones que darán a conocer próximamente.
La problemática radica, según señala Faeca, en las diferencias suscitadas entre Hacienda y las cooperativas en lo relativo al proceso administrativo llevado a cabo por éstas en el suministro de carburantes, "cuando en ningún momento han cesado en el pago o la justificación del gasóleo comercializado". De hecho, las cooperativas han actuado conforme a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales (RIE) de 1995. Sin embargo, ahora han sido y son motivo de inspección por no atenerse a lo dispuesto en una consulta vinculante posterior (V0442-06), emitida por la Dirección General de Tributos, la cual no se ha tenido en cuenta en las inspecciones hasta el año pasado, es decir, hasta siete años después de su publicación.
Prueba de que el procedimiento seguido por las cooperativas "no es constitutivo de fraude" es que los servicios de inspección de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales no han presentado propuesta de sanción alguna y se han limitado a reclamar la bonificación del impuesto por lo que han denominado "fallo en el proceso administrativo", un retorno que abocará a algunas entidades al cierre, al suponer desembolsos superiores a los 600.000 euros, en ciertos casos, y de hasta 800.000, en algún otro, abocándolas irremediablemente al cierre.
Es por ello que Faeca lleva prácticamente un año de intensas negociaciones con la Secretaría de Estado de Hacienda y la Dirección General de Tributos, a través de las cuales se ha logrado, como avance significativo, la modificación del artículo 106 del RIE, a fin de despejar las dudas en torno al procedimiento y otorgar validez a la práctica habitual seguida por las cooperativas, "una medida que no ha servido para nada al no aplicarse con efectos retroactivos, por lo que no solventa el problema generado".
Igualmente, Faeca ha mantenido "numerosos" encuentros con representantes de la Administración, como la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo Díaz; el delegado ejecutivo regional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Jorge Ramírez López; y, más recientemente, con el presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, "no habiéndose logrado resultados positivos hasta la fecha".
En consecuencia, y por entender que la relación causa-efecto es "desproporcionada", con peticiones de devolución que ya rondan los tres millones de euros en Andalucía (más de la mitad del importe reclamado a nivel nacional) y que se trata de "una maniobra recaudatoria y política", por ser esta región "en la única en la que continúan iniciándose inspecciones", a pesar de que el Ministerio de Hacienda se comprometió a paralizarlas, es por lo que Faeca continuará trabajando, ahora de la mano de organizaciones agrarias y sindicales.
