SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La familia de Marta del Castillo, la joven asesinada en la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de la calle León XIII de Sevilla, ha considerado como "una ofensa más" que Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana y que cumple una condena de 21 años y tres meses de cárcel por ese crimen, haya propuesto abonar la indemnización que le condenó la Audiencia Provincial a pagar a la familia mediante pagos mensuales de 20 euros.
El abuelo materno de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, en una entrevista concedida al programa 'Vaya Mañana' de Canal Sur, recogida por Europa Press, ha asegurado que esta medida de Carcaño es una "ofensa más" para la ciudadanía y para la familia y que responde a una "maniobra" para poder disfrutar "de permisos penitenciarios".
Casanueva ha subrayado que a la familia le da "rabia" todas las maniobras que están haciendo "para poder disfrutar" de un permiso penitenciario --la legislación actual recoge que un reo para optar al tercer grado debe demostrar el compromiso a pagar la indemnización que le deba a los afectados---. En este sentido, ha asegurado que no quiere "disfrutar del dinero de nadie", sino que sólo quieren "que nos digan donde se encuentra el cuerpo de Marta para cerrar este capitulo tan doloroso" en el que van ya "diez años de penitencia".
Igualmente, el abuelo de Marta del Castillo ha pedido saber "de dónde sale" el dinero que va a utilizar Carcaño para pagar la indemnización "porque lo que nos llegó es que no tenía dinero ni para comprar ropa interior".
Según informaron fuentes del caso a Europa Press, Miguel Carcaño comenzó a cumplir la obligación de pagar una indemnización a los familiares de la joven sevillana con el abono de 20 euros en la cuenta de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Cabe recordar, que la Audiencia Provincial condenó, en enero de 2012, a Carcaño a indemnizar a los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, con 140.000 euros a cada uno de ellos, así como a cada una de las dos hermanas de la víctima con 30.000 euros "por el daño moral causado" por la muerte y desaparición de la joven.
El asesino confeso de la joven, que fue condenado además a la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las dos hermanas de la víctima durante 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo, cumple una condena de esos 21 años y tres meses de privación de libertad en la cárcel de Herrera de la Mancha, ubicada en la localidad de Manzanares (Ciudad Real).
