SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) pidió hoy en el Parlamento de la Comunidad una nueva Ley Andaluza de Servicios Sociales que contemple el traspaso de funciones a los ayuntamientos, "no sólo por la aplicación de la nueva Ley de Dependencia sino también por lo que implica el desarrollo del Titulo I del nuevo Estatuto de Autonomía relativo a Derechos Sociales".
En un comunicado remitido a Europa Press, el presidente de la Comisión de Servicios Sociales de la FAMP, Antonio Souvirón Rodríguez, y alcalde de Vélez-Málaga, que compareció hoy en el Parlamento Andaluz para explicar como afecta a los municipios la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Personal, señaló que dicho texto "es una gran oportunidad, ya que además de reconocer derechos sociales, garantiza el carácter público del sistema".
Al hilo de ello, Souvirón precisó que "la puerta de entrada del sistema son los servicios sociales y de ahí, el papel central de la administración local". No obstante, dijo valoró positivamente la iniciativa de la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales, mediante transferencia directa, de posibilitar la contratación de 264 trabajadores sociales para la información, además de apoyar con fondos adicionales la ayuda a domicilio.
A este respecto, indicó que estos trabajadores deberían integrarse en los equipos ya existentes y tener la posibilidad de que la información la realice alguno de aquellos con más experiencia y motivación. "Pensamos que a efectos de la formación del personal destinado a dichas tareas se debería realizar un programa coordinado con la FAMP, como representante de los gobiernos locales".
Souvirón manifestó que "desde que se presentó el Anteproyecto, hemos trabajado intensamente en este asunto, pues pensamos que es un hito histórico comparable a lo que supuso la universalización de la sanidad, la educación y las pensiones en España".
"Hay que pensar en las muchísimas personas que se verán beneficiadas directamente, en sus familias y en el empleo que generará. No debemos contemplar los servicios sociales como gasto sino como inversión social", dijo Antonio Souvirón en el Parlamento andaluz.
