Piden sustituir la apertura obligatoria de farmacias en poblaciones inferiores de 700 habitantes por botiquines
SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, máximo órgano de representación y decisión de estos profesionales en la comunidad, fijó hoy la estrategia a seguir de cara al trámite parlamentario que la futura Ley de Farmacia de Andalucía (LFA) aún deberá de pasar en septiembre para su aprobación definitiva, una hoja de ruta que viene marcada fundamentalmente por el rechazo de este colectivo a las elevadas cuantías de las sanciones y por la necesidad de establecer un tiempo máximo ante una hipotética paralización de una transmisión onerosa --venta-- de una oficina de farmacia.
El presidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, Manuel Arenas, señaló en declaraciones a Europa Press que los principales puntos a tratar en la que ha sido la primera reunión de este comité tras la renovación de sus cargos "se han aprobado en su totalidad", por lo que confió que los grupos del arco parlamentario "sean sensibles a nuestros planteamientos los mismos".
Así, Arenas detalló que plantearán a los grupos la "necesidad de una rebaja en las cuantías de las sanciones" que contempla la futura norma, al considerar que son "abusivas" el establecimiento de multas por valor de hasta 30.000 euros ante la ausencia del titular de la farmacia durante una inspección rutinaria, "aunque estén tres farmacéuticos más en ese momento en el establecimiento", ejemplificó.
En este sentido, reiteró la existencia de hipotéticos casos en los que, en el momento de la inspección, el farmacéutico titular se encuentre realizando gestiones diversas, por lo que entiende que las sanciones que contempla "complicarían el normal funcionamiento de las farmacias".
Igualmente, destacó que elevarán a estos grupos la "conveniencia de sustituir" el apartado de la ley relativo a 'distribución domiciliaria', "ya que en dicho concepto puede caber de todo, incluso la distribución de medicamentos por mensajero", por el de 'atención farmacéutica domiciliaria', una designación "que despejaría cualquier tipo de dudas, puesto que sería el farmacéutico el que dispensase el medicamento en el domicilio del propio paciente", argumentó.
En cuanto a las transmisiones onerosas de las oficinas de farmacia, reclamó que la futura norma establezca "un tiempo máximo" ante posibles paralizaciones en la venta de una farmacia, debido, por ejemplo, a que uno de los candidatos "eleve un recurso porque no esté de acuerdo con la forma el concurso de adquisición de este establecimiento".
Este tiempo máximo, recordó, "eliminaría posibles paralizaciones, incluso de años, en la venta de la farmacia por parte de su titular, en el caso de que uno de los candidatos que optase a dicha transmisión no estuviese de acuerdo con el baremo de requisitos impuesto por la Junta y elevase uno o varios recursos".
ESTABLECER BOTIQUINES EN POBLACIONES INFERIORES A 700 HABITANTES
De igual forma, Arenas apuntó a Europa Press que el Comité Ejecutivo aprobó también elevar a los grupos parlamentarios un nuevo punto relativo "a la necesidad de que en las poblaciones inferiores a 700 habitantes no se esté obligado a ubicar una oficina de farmacia y, en su lugar, disponer de botiquines".
"Sería muy difícil, desde el punto de vista de su sostenibilidad, que un farmacéutico pudiese sustentarse con una farmacia ubicada en poblaciones inferiores a los 700 habitantes", valoró el máximo responsable del Consejo Andaluz de Farmacéuticos.
