El PSOE solicita retirar la imputación contra el ex delegado provincial de Empleo al no existir indicios contra él
SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado mantener las imputaciones contra los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la funcionaria Regla Pereira y el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, dentro de la investigación por el presunto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros por parte de Mellet y Ponce a dos empresarios del Grupo La Raza para desarrollar el proyecto de una escuela de hostelería.
Durante la vista en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla celebrada en la mañana de este jueves para debatir los recursos formulados contra el auto en el que la juez de Instrucción número 6 Mercedes Alaya incoaba el procedimiento del tribunal con jurado en la causa que se sigue e imputaba a estas cuatro personas un delito de cohecho, la Fiscalía ha solicitado mantener dichas imputaciones.
De este modo, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, durante su intervención en la vista, vista que se ha prolongado por espacio de unos 40 minutos, el representante del Ministerio Público ha solicitado que se ratifique el auto dictado por la juez Alaya y ha explicado que, en la actual fase del procedimiento, existen indicios razonables contra los cuatro imputados.
No obstante, y tras aseverar que "hubiera sido de agradecer que Mellet y Ponce hubieran accedido a declarar", el fiscal ha considerado que en el proceso de la concesión de la subvención por parte de la Junta no hay irregularidades administrativas ni penales, todo ello en contra de la opinión de la acusación representada por el PP, quien ha defendido en la vista que durante el proceso de la concesión de la subvención de 900.000 euros al merca hubo una serie de irregularidades, por lo que se estaría incurriendo en un delito de prevaricación.
Conviene recordar que durante la vista prevista por la Ley del Jurado y celebrada el pasado mes de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 6, el fiscal ya consideró que hay indicios "suficientes" respecto a los cuatro imputados, relatando que, tras conceder la Junta una subvención de 900.000 euros a favor de Mercasevilla para una escuela de hostelería --cuya gestión se había acordado previamente que se encargaría a Restauración Alazar S.L.--, Rivas, "en connivencia" con Mellet, acordó exigir a los responsables de Alazar una comisión de 300.000 euros a cambio de explotar la escuela.
EL PSOE PIDE RETIRAR LA IMPUTACIÓN CONTRA RIVAS
Así, sigue el fiscal, el 16 de enero de 2009 los imputados concertaron una reunión con los responsables de Alazar, que se reunieron con Ponce y Pereira, "quienes, conociendo las intenciones de los otros imputados, accedieron a colaborar con ellos con el ánimo de obtener un ilícito beneficio". Al hilo de ello, añadió que, iniciada la referida reunión, Ponce "exigió" a los empresarios 300.000 euros, añadiendo además que "también tendrían que hacerse cargo de pagar el coste de la instalación eléctrica, de 150.000 euros", a lo que Ponce añadió que dicho dinero "era una contribución a la Junta".
De su lado, el abogado que representa al PSOE ha pedido retirar la imputación contra el ex delegado provincial de Empleo y contra Regla Pereira, ya que considera que no existen "indicios" contra ellos, mientras que ha pedido mantener la imputación contra Mellet y Ponce por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa, por lo que ha explicado que el juicio no debería ser con jurado popular y sí con un tribunal profesional.
Por su parte, las mismas fuentes han precisado que el abogado de la Fundación Mercasevilla cree que, en el momento procesal actual, hay indicios para mantener las imputaciones, mientras que los letrados de los cuatro imputados han ratificado el recurso presentado contra el auto de la juez y han pedido a la Audiencia Provincial el sobreseimiento de las actuaciones contra sus clientes.
PP Y PA PIDEN MANTENER LAS IMPUTACIONES
Respecto al PP, ha solicitado que se desestimen los recursos de apelación presentados por las partes y, al igual que el fiscal y el PA, ha pedido que se mantengan las imputaciones dentro de unos hechos "que son constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que su enjuiciamiento quedaría fuera de la competencia del Tribunal del Jurado", añadiendo que, el 16 de diciembre de 2008, el entonces consejero de Empleo y presidente del Servicio Andaluz de Empleo, Antonio Fernández, "dictó una resolución de manera arbitraria y a sabiendas de su injusticia, adulterándose el mecanismo legalmente establecido para el otorgamiento de subvenciones a realizar en dicho organismo".
Al hilo de ello, el PP ha precisado que, "en sendas reuniones, se decidió personalmente y con carácter previo a la formalización del expediente la adjudicación de la subvención, que se convirtió así en una mera cobertura de una decisión ya adoptada de antemano, exigiendo al Grupo Alazar el pago de una comisión".
