El Ministerio Público pide la misma condena para un concejal del PP en el Ayuntamiento y un exedil popular
SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa para el excalcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP), el vigente concejal popular Antonio José Ramírez Sierra, y el exedil popular Antonio Jiménez Martín, a cuenta del conocido como caso 'Mozampro', han informado a Europa Press fuentes del caso.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Morón indaga un posible delito de prevaricación asociado a la escritura pública de venta formalizada por la sociedad 'Altos del Sur', perteneciente al Ayuntamiento, en favor de la promotora 'Mozampro XXI' para unos suelos destinados a la construcción de viviendas protegidas. Todos los imputados formaban parte del consejo de administración de 'Altos del Sur' cuando los suelos fueron vendidos y escriturados en favor de 'Mozampro XXI'.
En un auto dictado el pasado día 23 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco José Córdoba acuerda abrir juicio oral contra los tres imputados después de haber recibido el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, al que se ha adherido la acusación particular.
El juez abre juicio oral contra los tres acusados al entender que, en este caso, "no concurren" las circunstancias para archivar la causa, por lo que acuerda declarar competente para el enjuiciamiento de estos hechos a un Juzgado de lo Penal de Sevilla.
Asimismo, el juez da traslado de los escritos de acusación a los tres imputados para que formulen escrito de conformidad o disconformidad con la acusación, proponiendo en su caso las pruebas de que intenten valerse. EL CASO 'MOZAMPRO'
La sociedad de desarrollo local 'Altos del Sur', perteneciente al Ayuntamiento de Morón, promovió en 2005 y bajo el mandato de Manuel Morilla un concurso público destinado a la enajenación de una finca de 46.278 metros cuadrados con destino a la construcción de un máximo de 233 viviendas protegidas.
En diciembre de aquel año, 'Mozampro XXI', cuyo administrador único era José María Montoya, se hizo con los suelos por 430.000 euros. La Asamblea Moronera Alternativa, que elevó los hechos a la Fiscalía, había advertido de que gracias a esta operación, Montoya habría cosechado un beneficio de más de un millón de euros al revender en 2007 la empresa 'Mozampro XXI' sin haber edificado las viviendas protegidas en cuestión.
A tal efecto, la Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón) había elevado a la Fiscalía el posible incumplimiento del pliego de condiciones administrativas particulares que rigió esta enajenación, dado que el primer criterio a valorar que contempla el documento es "la experiencia demostrada en el desarrollo y promoción de más de 80 viviendas en curso o en los últimos cinco años en la localidad". 'Mozampro XXI', según AMA-Morón, no habría cumplido este primer criterio a valorar.
CONDICIONANTES
Igualmente, el pliego prohibía que se formalizase la escritura pública de los suelos en favor de la sociedad adjudicataria hasta la entrega de la preceptiva licencia de obras, la elaboración de un proyecto de reparcelación y el comienzo de las obras de urbanización. El 9 de febrero de 2006, no obstante, los suelos fueron escriturados a nombre de la empresa supuestamente sin que tales aspectos fuesen cumplidos, toda vez que mediante dicha escritura pública, 'Mozampro XXI' obtuvo una hipoteca de 890.000 euros en torno a estos suelos que fueron tasados por 1.530.000 euros por la entidad prestataria.
"El valor real de los terrenos se incrementa más de un millón de euros en un solo día", advertían los independientes de Morón, quienes señalaban también que, en mayo de 2007, José María Montoya "revendió" la sociedad limitada 'Mozampro XXI' por encima de esta tasación de 1,5 millones de euros y sin haber edificado las viviendas.
