SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los tres funcionarios que han prestado declaración este jueves ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, en calidad de investigados, en la nueva ronda de declaraciones tras la nueva reapertura del caso judicial sobre el concurso de la mina de Aználcollar (Sevilla), han reivindicado su "honestidad y profesionalidad", así como la "limpieza del concurso".
En concreto la causa investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel en un concurso al que también se presentó la empresa Emerita.
Estos funcionarios formaron parte de la Mesa de Contratación que intervino en el mencionado concurso, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Por estos hechos a mediados de diciembre declaró la exdirectora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, la cual aseguró que "no hubo ningún trato de favor" a ninguna empresa de las que se presentaron al citado concurso, y también lo hicieron los hermanos I.L.M., y M.L.M., ambos representantes de Magtel, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar. No obstante, su defensa presentó un escrito con unas declaraciones, las cuales fueron ratificadas ante la juez a pregunta única de su abogado.
En el mismo, aseguraron que "ni Minorbis, ni ninguna filial o empresa perteneciente al grupo Magtel ha recibido jamás ningún trato de favor ni de la Junta de Andalucía ni de ningún funcionario", así como que ellos "no han tenido relación personal ni de amistad ni de ninguna otra clase que pudiera conducir al menor tráfico de influencias" ni con el que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, ni con María José Asensio ni con el resto de investigados.
Precisamente, Vicente Fernández señaló la semana antes, durante su declaración, que Emerita "se dirigió con antelación y en reiteradas ocasiones a la Junta, el tiempo que duró el proceso de adjudicación, para que le indicase con qué compañía local debía aliarse o, incluso, fusionar su proyecto, con tal de conseguir una clara ventaja en el citado concurso".
REAPERTURA DEL CASO
Este caso ha sido reabierto por la Audiencia para ver si existen más delitos a parte del de prevaricación que se atribuyó inicialmente, motivo por el que, desde mediados de noviembre, han acudido a declarar como investigados los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación; el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la ex subdirectora general de Minas, actual presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, en calidad de testigo, negando todos este supuesto trato de favor.
En el auto la juez también acordó solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.
La magistrada considera "necesario" discernir si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales que fuera determinante de que, "formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel".
