PP-A propone que Junta cree el Registro Público Autonómico de Demandantes de Vivienda Protegida, dejando a "discrecionalidad" de los ayuntamientos la creación de los suyos
SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios, PSOE, PP-A e IULV-CA, han planteado un total de 92 enmiendas parciales al proyecto de Ley reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, que en estos momentos está en tramitación en comisión después de que superara ante el Pleno de la Cámara el debate de totalidad.
El mayor número de enmiendas ha sido planteado por IULV-CA, con un total de 43; seguido del PP-A, con 37, y del PSOE-A, con doce. Los grupos de la oposición plantean importantes modificaciones de la norma y novedades en sus enmiendas, mientras que las del grupo socialista suponen cambios de menor calado que no afectan prácticamente a la filosofía y principios de la futura ley.
Así, entre las enmiendas del PP-A cabe destacar las relativas a que, en el artículo referido a las ayudas públicas y otras medidas de fomento para promover el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada se incluya la modalidad no prevista expresamente sobre "avales públicos a las concesiones de préstamos hipotecarios" y "incentivos fiscales para la adquisición de vivienda".
De igual manera, plantea que se recoja expresamente en la ley que el Plan andaluz de vivienda y suelo tendrá entre sus contenidos mínimos "la financiación o recursos económicos, con detalle de programación anual, que está dispuesta a transferir la Administración de la Junta de Andalucía a las administraciones locales para la ejecución por parte de estas de la política de concertación para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada".
Los populares también proponen incluir que "la ejecución de los planes municipales de vivienda y suelo, en cuanto a las políticas y actuaciones de concertación en materia de vivienda con la administración autonómica incluidas en los mismos, estará condicionada, en cuanto a su cumplimiento, a la efectiva recepción por parte de los municipios de la financiación o aportación de recursos económicos por parte de la administración andaluza".
Otra de las novedades que el PP-A plantea es que la Junta cree el Registro Público Autonómico de Vivienda Protegida como se ha hecho en otras comunidades, dejando a "discrecionalidad de los ayuntamientos la creación de sus propios registros municipales" y plantea también que es preciso que este instrumento tenga carácter gratuito tanto para los demandantes como para los promotores, para una mayor efectividad del mismo.
Como se recordará, el artículo 16 del proyecto de Ley regula la "obligación" de los ayuntamientos de crear registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida, sin que se contemple la creación de uno a nivel autonómico.
Para el grupo popular, es preciso recoger en la futura norma que los ayuntamientos contarán con la financiación o aportación de recursos económicos por parte de la administración andaluza para la constitución y mantenimiento de los registros, es decir, "para la sustentación financiera de estos".
Asimismo, el PP propone la supresión del artículo 15 del proyecto de Ley, en el que se señala que para "asegurar el cumplimiento de los objetivos de los planes de vivienda y suelo, la Administración de la Junta de Andalucía, de manera justificada, podrá establecer reservas de suelo conforme a las previsiones de la legislación urbanística con destino preferente a viviendas protegidas, en cualquier clase de suelo", y que ello conllevará la obligación del ayuntamiento de incorporar los terrenos al instrumento de planeamiento aplicable, y justificará "la modificación del planeamiento municipal para su incorporación".
IU-CA PLANTEA PROCESOS DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
Respecto a las enmiendas de IU-CA, pide contemplar la "intervención pública en el mercado inmobiliario que permita priorizar la puesta en uso de las viviendas vacías, la edificación de los solares existentes y el desarrollo de las actuaciones urbanísticas residenciales previstas por el planeamiento urbanístico".
También propone que se recoja un nuevo artículo relativo a 'actuaciones dirigidas a evitar la desocupación permanente de las viviendas', en el que se establece que la Junta, en coordinación con las administraciones locales, impulsará políticas de fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente en alquiler, de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas.
Asimismo, IULV-CA plantea que junto al registro público municipal de demandantes de vivienda, se cree el registro público municipal de recursos de vivienda, como instrumento básico "para la determinación de los recursos de vivienda y suelo en desuso o con uso deficiente, apto para satisfacer, mediante su intervención, las necesidades de alojamiento del municipio. Su regulación, según apunta, será objeto de desarrollo reglamentario.
De otro lado, propone la creación del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, como plataforma para la planificación, el estudio y el análisis del entorno y de la realidad social y económica andaluza en el sector de la vivienda, colaborando así con los trabajos que realice el Consejo Consultivo y Asesor de la Vivienda de Andalucía y cualquier otro organismo público.
También propone que se refleje en la norma la creación, por un lado, del Instituto Andaluz de Realojamiento e Inserción Social, que tendrá como fin aplicar las políticas autonómicas sobre actuaciones en núcleos chabolistas de Andalucía y, por otro lado, de oficinas comarcales de urbanismo, suelo y vivienda, con capacidad real para diseñar y aprobar los PGOU de los ayuntamientos que lo soliciten, así como otras modificaciones urbanísticas.
Izquierda Unida también quiere que se contemple que la Junta podrán en marcha programas de autoconstrucción de viviendas, de manera que garantizará los materiales, el proyecto técnico y la dirección de obras, el seguro de los autoconstructores, así como el seguimiento de este modelo en todas sus fases constructivas en colaboración con los ayuntamientos, mientras que la Consejería competente complementará con dinero para materiales, a fin de que los parados "puedan hacer viviendas a través del PER (Aepsa)".
Por último, aboga por recoger que el Gobierno andaluz impulsará las actuaciones necesarias para que la Administración del Estado modifique la Ley de Expropiación Forzosa de tal manera que se agilicen los procesos de expropiación por parte de los ayuntamientos para la construcción de vivienda pública".
