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SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya ha elevado un escrito al Juzgado en el que asegura que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero "se ofreció a tramitarle una ayuda económica de subsistencia" que "le salvó de la ruina a él y a su familia" pero que ahora no puede devolver.
La magistrada citó a declarar el pasado mes de junio a Alfredo Pérez, vecino de Baeza (Jaén) que sería incluido en la póliza relacionada con el expediente de Primayor "a pesar de que no había trabajado" en dicha empresa, y que se acogió a su derecho constitucional a no declarar al no conocer la imputación que recae sobre él "ni conocer atestado policial alguno del que pueda inferir los hechos que se le imputan".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el imputado relata que "en el pasado, hacia 2004/2005", conoció a Guerrero en un hotel de Granada y en el marco de una reunión de empresarios de la asociación textil a la que pertenecía.
"Como quiera que la marcha de su empresa, 'Confecciones Joalfre', era ya desesperada", Guerrero "le dijo que fuese a verle a Sevilla", lo que se llevó a cabo en un encuentro en el que el exdirector general de Trabajo "se ofreció a tramitarle una ayuda económica de subsistencia, si bien indicó que, al tener su empresa embargos y leasings --perdió todos sus bienes, incluyendo una nave industrial de 900 metros cuadrados y toda la maquinaria textil que malvendió--, y con cinco hijos en el mundo, la ayuda debería de ser a su nombre, como persona física, y no a nombre de su empresa".
El imputado añade que, pasado un tiempo, volvió a la sede de la Dirección de Trabajo "y en su despacho firmó unos documentos, de los que nunca ha tenido copia", tras lo que "percibió la ayuda en cuestión, cuyo cobro se extinguió en 2009", aunque asevera que ahora no tiene medios para devolver el dinero que recibió "y que le salvó de la ruina a él y a su familia".
El imputado "entendió que si un director general de Trabajo ofrecía una ayuda de ese tipo, sería legal, sin que él pudiera suponer que no tenía competencia o cualquier otra circunstancia impeditiva para percibir la ayuda que se le concedió", agrega, señalando que "si llega a conocer lo anterior, no habría aceptado tal ayuda o subvención".
"En cualquier caso, dado el tiempo transcurrido desde que se reconoció tácitamente aquella ayuda y que comenzó a percibirla", el imputado entiende que estaría prescrita su responsabilidad.
