SANTIPONCE (SEVILLA), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los inquilinos de las 58 viviendas protegidas promovidas en Santiponce (Sevilla) por la extinta sociedad municipal Prosuvisa, declarada en 2013 en concurso de acreedores, siguen "a la espera" de conocer si la reciente adquisición de los inmuebles por parte de la Junta de Andalucía, que ejerció su derecho de tanteo después de que las casas fuesen subastadas, se traduce o no en modificaciones respecto a sus contratos de arrendamiento.
Así, la portavoz de este grupo de inquilinos, Eva Querencio, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que después de que el pasado 26 de julio la Junta depositase en una notaría 780.000 euros para consumar su derecho de tanteo y hacerse con la propiedad de estas viviendas protegidas, evitando así que las mismas recayesen en el fondo de inversión Japp Samarfa, los habitantes de estas VPO siguen pendientes de conocer de primera mano los pormenores de la operación.
Y es que según ha dicho, la Junta de Andalucía "aún no se ha puesto en contacto" con los inquilinos, quienes siguen "a la espera" de contar con información de primera mano sobre "las condiciones de los contratos" de arrendamiento una vez adquiridas las viviendas por la Administración andaluza.
En ese sentido, ha avisado de que los arrendatarios no recibieron "ninguna invitación" por parte de la Junta para asistir a la visita que realizaron a Santiponce el consejero y el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López y Jesús María Sánchez, con motivo de la operación, acompañados de la alcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova. En cualquier caso, la portavoz de los inquilinos ha confiado en que "cuando finalice el verano" se les traslade toda la información reclamada.
LA COMPRA DE LAS VIVIENDAS DE VPO
Para la construcción de tales viviendas protegidas, según rememoraba a Europa Press el exalcalde de Santiponce José López (IU) a finales de noviembre de 2017, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con idea de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.
Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como "fortuito" en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.
Después, una subasta derivada de la liquidación de la empresa municipal se habría saldado con la adjudicación de las viviendas a la sociedad privada Japp Samarfa.
No obstante, la Junta de Andalucía contaba con un "plazo de 60 días" para ejercer su derecho a tanteo o retracto sobre las viviendas, extremo que reclamaban los moradores de estas VPO, bajo la premisa de que unas viviendas públicas construidas en suelo público no pueden caer "en manos de una empresa privada". Y así, el pasado 26 de julio la Junta se hacía con la propiedad de estas viviendas, como se ha explicado.
