ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La agrupación de IU-CA en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de cara al pleno extraordinario destinado a debatir y votar la decisión de delegar en la Diputación la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos, así como la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la recaudación de multas, ha vuelto a manifestarse en contra de esta operación.
Según IU-CA, el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) "no es más que una agencia de colocación del PSOE". "Las irregularidades en la bolsa de trabajo han sido múltiples, según ha señalado en varias ocasiones el sindicato CSIF, y según denunció Izquierda Unida, y eso, añadido a que, en Alcalá de Guadaíra primos, cuñados, militantes socialistas y cónyuges, están repartidos por todos los organismos públicos y privados de la ciudad, nos hace pensar en cuales son las verdaderas intenciones".
Igualmente, IU-CA señala que "ha quedado más que demostrado en varios informes que la recaudación de impuestos desarrollada por el servicio municipal con los trabajadores de 'CGI' es mucho más eficiente que la que desarrollaría la Opaef".
Hablamos de la decisión del Gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra, liderado por Antonio Gutiérrez Limones, de conveniar con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación la recaudación ejecutiva y voluntaria de los impuestos municipales. Hasta hace poco, esa labor recaía en la sociedad 'Coordinadora de Gestión de Ingresos' (CGI), adjudicataria en 2008 de un contrato promovido por el Ayuntamiento para contratar la "prestación de servicios complementarios al funcionamiento de los órganos municipales de gestión, inspección y recaudación" de impuestos.
Como antesala del desembarco del Opaef en las labores de cobro y gestión de tributos del Ayuntamiento alcalareño, los 20 trabajadores de CGI que realizaban este servicio para el Consistorio en la oficina bautizada como Agencia de Recaudación Municipal de Alcalá de Guadaíra (ARCA), fueron despedidos el pasado 31 de diciembre de 2013 con indemnizaciones de 20 días de sueldo por año de servicio, las mínimas estipuladas por la legislación laboral. Un total de 15 de estos empleados, según las fuentes consultadas por Europa Press, han impugnado sus despidos y han demandado al Ayuntamiento por "cesión ilegal" de trabajadores.
Sobre este último aspecto, es necesario recordar que hace pocos meses, el juzgado de lo Social número tres de Sevilla condenó al Ayuntamiento de Alcalá y a CGI al detectar una "cesión ilegal" de trabajadores de dicha empresa "a favor" de la administración local.
