3 de marzo de 2021
7 de octubre de 2009

IU condiciona su apoyo a la Ley de Muerte Digna a que no se prime la objeción de conciencia, que el PP ve importante

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en la Cámara andaluza Pedro Vaquero condicionó hoy el apoyo de su grupo parlamentario al proyecto de Ley de Muerte Digna en Andalucía, cuyo texto se debatió hoy en el Pleno del Parlamento, a que en el mismo "no se haga prevalecer la mal llamada objeción de conciencia" del profesional sanitario sobre el "derecho" del enfermo terminal a la hora de decidir el cese del esfuerzo terapéutico sobre su persona.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Vaquero supeditó igualmente el apoyo de su grupo a la futura ley a que "se mantenga el régimen sancionador" contra aquellos médicos que incumpliesen los derechos del paciente, argumentó que "ante el derecho de los ciudadanos ningún profesional puede imponer sus creencias" y consideró que los poderes públicos "tienen la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos"

Del mismo modo, reprochó que los actos de objeción de conciencia, "pese a que deberían de ser individuales, en muchas ocasiones se tornan en campañas orquestas por muchos", extremo que aprovechó para denunciar los postulados y el posicionamiento activo de la Iglesia en este tipo de cuestiones. "Ya avisamos que nos negaremos --IU-- a apoyar esta ley si se introduce enmienda alguna en esas direcciones", avisó.

En cualquier caso, aplaudió un proyecto de ley "que vendrá a cumplir el deseo de las personas a decidir como quieren morir" dentro del ordenamiento legislativo estatal vigente y que supondrá "el abandono de una cultura paternalista"

De hecho, aseguró que desde su formación se apuesta por legislar la eutanasia, extremo que aprovechó también para cargar contra el PSOE federal "por no legislar sobre la eutanasia para no toparse con la Iglesia" y acusar al Ejecutivo central de "tibio". Sobre este respecto, dijo que "el 67 por ciento de la sociedad española está a favor de la eutanasia".

Sea como fuere, valoró que el Gobierno andaluz "acierta" con esta ley, "tal y como establece claramente el artículo 20 del Estatuto de Autonomía, del que IU puso mucho empeño, ya que topo con las cartas pastorales y arzobispales".

PP: LA OBJECIÓN ES NECESARIA PP

Por contra, la diputada 'popular' Ana María Corredera Quintana apostó por que "se le informe primero a los pacientes sobre cual es el camino mejor a seguir antes de tomar cualquier decisión" en este ámbito, aunque declaró que, "una vez informada, no habría problema para seguir con su decisión".

En cuanto al apartado de la objeción de conciencia, se mostró "sorprendida" de que "esos respetos y valores de los que se habla no se contemplen con la objeción de conciencia".

"No digo que se desatienda al enfermo, sino que sea otro profesional el que se encargue del paciente si un médico su objeción de conciencia", razonó Corredera, quien dijo que para su grupo "es importante contemplar la objeción de conciencia".

"Puedo entrar que no se antepongan las creencias del médico a las del enfermo, pero no que el profesional no se pueda retirar si no comparte las creencias del enfermo", insistió.

RED DE CUIDADOS PALIATIVOS

En cualquier caso, indicó que Andalucía presenta "graves carencias" por cuanto "no cuenta hoy por hoy con una red completa de cuidados paliativos a nivel hospitalario".

"Como cumpliremos con el compromiso de habitaciones individuales para estos pacientes si sólo hay un 15 por ciento de estas habitaciones en los hospitales, pese a que fue una promesa de Chaves en el 2000", se cuestionó Corredera, quien apostó por "garantizar unos cuidados paliativos de alta calidad, con tratamiento adecuado al dolor y apoyo psicológico".

Por su parte, la diputada del PSOE Rosa Ríos destacó el proyecto de ley del Gobierno andaluz como "una política 'pegadas' a la ciudadanía", aseguró que la futura norma "no habla de eutanasia ni de suicidio asistido" y recordó que desde el Gobierno del PSOE "jamás se perseguirá a los profesionales como ocurrió en Leganés", en referencia a las sedaciones practicadas en el Hospital Severo Ochoa.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

"No somos ajenos a las cuestiones más controvertidas a la ley, como el respecto a la objeción de conciencia", agregó la diputada socialista quien subrayó las palabras que elevó recientemente Montero acerca de que el Gobierno autonómico "no puede regular este aspecto y lo tiene que hacer el Estado". Con todo, consideró que la objeción de conciencia "no es un derecho fundamental para anteponerse al derecho del paciente".

En la defensa de la ley, la consejera de Salud, María Jesús Montero, recordó que la misma viene a garantizar lo refrendado en el propio Estatuto de Autonomía, insistió que solventará situaciones como las de Ramón Sampredo o Inmaculada Echeverría, que cuenta con el respaldo de la ciudadanía y que es un proyecto participativo.

Aseguró unos 30.000 andaluces necesitan cada año de cuidados paliativos, extremo que cumple Andalucía, que no recoge la eutanasia y si la sedación paliativa y la limitación del esfuerzo terapéutico, términos que con esta ley "se aclararán mejor y se diferenciarán claramente de la eutanasia. El proyecto deja fuera conductas como la eutanasia y el suicidio asistido, tipificadas en el Código Penal", reiteró.