La Junta quiere abordar en ella el levantamiento del peaje de la Autovía Sevilla-Cádiz
MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida considera que el Gobierno de Mariano Rajoy está "cruzando todas las líneas rojas de la democracia" en su relación con el Congreso de los Diputados y con las comunidades autónomas y prueba de ello expone que el Ejecutivo rechaza el diálogo con Andalucía y no quiere celebrar la Subcomisión de Infraestructuras y Equipamientos que contempla el Estatuto de Autonomía y en la que la Junta quería proponer el levantamiento del peaje de la Autovía Sevilla-Cádiz.
La Consejería de Fomento y Vivienda andaluza propuso a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que dirige Antonio Beteta, la convocatoria de esa subcomisión, enmarcada en la Comisión Bilateral y que, según ha recordado la consejera Elena Cortés, tiene "carácter permanente y general para la mutua colaboración entre el gobierno andaluz y el del Estado".
Sin embargo, Beteta ha rechazado la petición señalando que la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes "no considera oportuno celebrar la reunión reclamada porque no se dan las circunstancias para tratar en este momento los temas planteados por la Junta", ha mantenido Cortés que ha reiterado la reclamación.
A la vista de la negativa, los diputados del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, algunos de los cuales se ha reunido este jueves en Madrid con Cortés, registrarán en el Congreso una petición de comparecencia del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que "dé la cara y explicaciones" sobre por qué el Estado "quiere hacer pagar a Andalucía su condición de referente de alternativa", han señalado la consejera y el portavoz parlamentario, José Luis Centella.
Centella ha justificado la petición de comparecencia en que Rajoy debe "situarse en la normalidad democrática" y dejar de "cruzar todas las líneas rojas de la democracia en su relación con el Congreso y con las instituciones que conforman el Estado". Además, el diputado de la federación de izquierdas considera que con ese tipo de decisiones el PP "muestra su mal perder con las elecciones en Andalucía" y hace "lo que le da la gana".
Cortés ha explicado que en esa reunión la Junta quería abordar el levantamiento del peaje de la A-4 Sevilla-Cádiz, que ya pidió el Parlamento de Andalucía al ser las dos únicas capitales de provincia que no tienen conexión rápida gratuita y toda vez que el Gobierno andaluz tiene levantado el correspondiente al tramo entre Cádiz y Jerez.
Al respecto, la consejera ha dicho que "llama poderosamente la atención" que el Ejecutivo "esté dispuesto a rescatar autopistas radiales, como la Cartagena-Vera, que se construyó en 2007 y cuyo rescate costará 761 millones de euros, pero no se comprometa con levantamiento de este peaje de una autopista que llevamos pagando 40 años y que costaría entre 100 y 130 millones".
Otro de los asuntos que la Junta quiere abordar en esa subcomisión es el tramo Algeciras-Bobadilla del Corredor Transeuropeo, que para la UE es "absolutamente prioritario", que debe de estar terminado en 2020 y que Fomento "ningunea"; o las consecuencias de la privatización de Aena. La consejera también ha informado de que la Junta ha planteado al Ministerio sendas reuniones para la abordar el Metrotrén de Córdoba y la ampliación del metro de Sevilla sin que por el momento haya habido convocatoria.
FALTA DE DIÁLOGO, TAMBIÉN EN VIVIENDA
La ausencia de diálogo con la Junta también afecta a los temas relacionados con la Vivienda y Cortés ha recordado que el Estado también "negó a Andalucía" la posibilidad de dirimir en comisión las diferencias en torno a la Ley de la Función Social de la Vivienda, lo que llevó al recurso ante el Constitucional y la suspensión cautelar de la misma que, según sus palabras, "se forzó con informes falsos".
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Cortés ha mantenido que esa suspensión cautelar "ya tiene consecuencias" que pagan los andaluces, ya que, por una parte, "se ha eliminado el efecto disuasorio que tenía ley para los desahucios y Andalucía ha escalado cinco puntos en los últimos datos en el número de los lanzamientos que ordenan los jueces"; y, por otra, "el Gobierno permite que el poder financiero acapare vivienda".
SANLÚCAR
Preguntada por la situación que vive el municipio gaditano de Sanlúcar y la ocupación de decenas de viviendas, Cortés mantenido que "todo lo que ocurre con la vulneración sistemática del derecho la vivienda y la situación a la que han abocado a las familias es responsabilidad del PP por ese frenazo a la Ley de la Función Social".
Además, ha recordado que la Consejería no tiene viviendas deshabitadas y que ha planteado a ayuntamientos y promotores privados una "alianza" para que tampoco mantengan VPO vacías. "Es una línea roja, es la línea que estamos tratando de establecer, sin menoscabo de que el PP es el responsable de lo que ocurre", ha concluido.
