25 de mayo de 2020
22 de noviembre de 2014

IU pide que Junta informe al TC de que Gobierno le dio un informe de Sareb con "datos falsos" sobre la ley antidesahucio

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de IULV-CA defenderá el próximo jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que pide a la Cámara que inste a la Junta, a través de su gabinete jurídico, a dar traslado al Tribunal Constitucional (TC) de la información obrante en su poder, acreditativa de que la Abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal Constitucional un informe elaborado por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con "datos falsos" en el procedimiento de inconstitucionalidad de la ley andaluza sobre la función social de la vivienda, recurrida por el Gobierno.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA también reclama que el Parlamento requiera a la Junta la remisión de la documentación citada, al objeto de que los servicios jurídicos de la Cámara, que en su día alegaron contra el recurso, la aporten al TC para que oficialmente tome conocimiento también por esta vía de la "falsedad" de los datos, a los efectos oportunos en cuanto a la posible retirada de la suspensión cautelar y en cuanto a la sentencia que sobre el fondo del asunto se dicte en el futuro.

En la exposición de motivos, IULV-CA ha asegurado que estos datos "falsos" aportados por el Gobierno al TC han servido para fortalecer su posición contraria a la ley y que, razonablemente, cabe pensar que, sin ellos, "el TC no solo tiene mejores elementos de juicio con los que pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino que también pudo haber adoptado otra decisión sobre la suspensión cautelar".

Asimismo, destaca que, como ya explicaran los servicios jurídicos del Parlamento en sus alegaciones contra la suspensión de la ley, la Sareb es una sociedad anónima en cuyo capital participan mayoritariamente entidades privadas, "cuya misión consiste en gestionar y vender los activos recibidos tratando de obtener el máximo valor por ellos".

"Por tanto, el incluido en el recurso del Gobierno es un informe de parte con el que se pretendía defender los intereses de accionistas e inversores privados", afirma IULV-CA, quien advierte de que la suspensión de la ley vino únicamente a garantizar los márgenes de ganancia de los accionistas e inversores de la Sareb.

En su opinión, el Gobierno forzó la suspensión de las disposiciones recurridas mediante la aportación de datos "falsos" en beneficio de privados y relegando el interés general y, especialmente, el de las familias incursas en procesos de desahucio.

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