Propone reducir el déficit público aumentando la presión fiscal con una docena de nuevos tributos autonómicos
SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida quiere que el Pleno del Parlamento andaluz debata una proposición no de Ley en la que insta a la Junta a adoptar medidas para combatir el déficit público como establecer que la administración autonómica no conceda subvenciones, ayudas, avales o bonificaciones fiscales las empresas privadas con directivos que paguen retribuciones a sus ejecutivos por encima de las del presidente de la Junta, cifradas en 81.155,04 euros anuales antes de la rebaja del 15 por ciento derivada de los recortes aprobados por el Gobierno.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA plantea un bloque de medidas para "limitar los altos salarios tanto en la administración pública como en la empresa privada", que inicia en el ámbito público con la prohibición de la "pluralidad de ingresos" de los altos cargos de la Junta y sus empresas públicas y de los diputados del Parlamento andaluz, a los que también propone eliminar "dietas o compensaciones por asistencia" a reuniones de órganos en los que participa en razón de su cargo.
En el ámbito privado, la federación de izquierdas plantea "condicionar" la concesión de ayudas, avales y gestión de deuda pública por parte de las instituciones financieras andaluzas a que ninguno de sus directivos perciba "retribuciones dinerarias o en especie" por encima del salario fijado para el presidente de la Junta.
AUMENTO DE LA PRESIÓN FISCAL
Otras propuestas de IULV-CA se orientan a "reducir el déficit mediante el aumento de la presión fiscal", entre las que figuran elaborar y poner en marcha de un plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida en la comunidad autónoma y dotar a la Agencia Tributaria Andaluza con los "recursos humanos y materiales necesarios para lograr la máxima eficacia en sus funciones".
En materia fiscal, IULV-CA propone que la Junta amplíe el cuerpo de tributos propios para crear una docena de nuevos impuestos para gravar, entre otras cuestiones, a los grandes establecimientos comerciales, los suelos sin edificar, las edificaciones declaradas en ruina que no sean rehabilitadas o las viviendas vacías.
El resto de figuras impositivas serían impuestos ecológicos sobre instalaciones de transporte por cable; actividades de producción, almacenaje o transporte de energía eléctrica; el uso de agua embalsada para actividades industriales; aprovechamientos cinegéticos; vertido controlado o incineración de residuos sólidos urbanos y vertido controlado de residuos de construcción y demolición; así como un recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
