SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los jueces de la provincia de Sevilla han acordado limitar el número de señalamientos de juicios que celebran cada mes ante la situación de "colapso" y de sobrecarga de trabajo, que en la mayoría de juzgados alcanza el 150 por cien sobre lo estipulado, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
En este sentido, los jueces de la provincia se han reunido este viernes en Sevilla a fin de determinar medidas de 'autoregulación', y en este encuentro han acordado limitar a 20 el número de señalamientos de asuntos civiles que se celebrarán al mes en cada uno de los juzgados provinciales, frente a los 60 asuntos actuales.
De igual modo, los jueces han acordado limitar a 20 los señalamientos de asuntos penales por mes y órgano judicial, frente a los 40 actuales. "Estamos desbordados, en la mayoría de juzgados la sobrecarga de trabajo se sitúa en el 150 por ciento", han señalado a Europa Press las mismas fuentes.
Al hilo de ello, han asegurado que algunos juzgados están señalando juicios para el año 2014, punto en el que han criticado la actual situación de "absoluto colapso", a lo que se suma la referida "sobrecarga" de trabajo y la "nula" inversión en medios materiales y humanos, todo lo cual hace que los jueces de la provincia estén "hartos".
A la reunión, celebrada en Sevilla este mismo viernes, han asistido 31 de los 39 jueces de la provincia, estando representados todos los partidos judiciales.
Esta reunión se produce después de que los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa acordaran limitar a un máximo de 350 las sentencias que dictará anualmente cada profesional, así como limitar la entrada de nuevos asuntos, todo ello para garantizar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos y la "salud laboral" de los jueces.
Hay que recordar que, el pasado día 21 de septiembre, tanto la Junta General de jueces de Sevilla como los magistrados de la Audiencia Provincial y los fiscales acordaron por unanimidad adherirse a las protestas promovidas por los jueces decanos de toda España y las asociaciones de jueces y fiscales a través de la Comisión Interasociativa, que mostraron su rechazo a los recortes y las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el caso de los jueces destinados en los órganos unipersonales sevillanos, el juez decano, Francisco Guerrero, criticó el "vaciamiento" de la independencia y del poder judicial; la "ausencia" de voluntad política para modernizar la Justicia; la ausencia de inversión y el "recorte" en medios materiales y personales, que deriva en un "generalizado" e "inaceptable" retraso en los señalamientos, o la congelación de plazas judiciales.
