SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha tomado este viernes declaración al único miembro de las familias que habitan sin relación contractual alguna el bloque de viviendas que Ibercaja posee en la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro, que aún no había comparecido ante ella a cuenta del presunto delito de usurpación que pesa sobre todas estas personas. Después de que este extremo, el Juzgado de Instrucción número tres debe resolver la nueva solicitud promovida por la propiedad de las viviendas para el "desalojo forzoso" del edificio.
Según informa el colectivo de familias, la juez ha visitado este viernes el propio edificio de viviendas para tomar declaración a Francisco Rodríguez 'Pancho', cuya comparecencia en sede judicial fue suspendida el pasado 21 de noviembre después de que este hombre sufriese "una crisis nerviosa y un desvanecimiento" justo antes de entrar en los juzgados.
El colectivo de familias, en ese sentido, ha agradecido el "gesto" de la juez al acudir ella misma al bloque de viviendas a cuenta de la "delicada salud" del último de los imputados, si bien ha señalado que el equipo judicial ha estado acompañado de un fuerte dispositivo policial de dos patrulleros y dos furgonetas. Tras consumar la juez todas las comparecencias judiciales, el colectivo de familias admite que "un posible desalojo violento se convierte en una hipótesis más que plausible", por lo que reclama esfuerzos para alcanzar "un acuerdo" que evite tal extremo.
'CORRALA UTOPÍA'
Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales. Si bien la pasada primavera mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio; 'Ibercaja' a través de la sociedad limitada 'Residencial Murillo', el banco solicitó de nuevo el "desalojo forzoso" de las viviendas bajo la premisa de que las familias no se habrían atenido a los términos del pacto.
El citado principio de acuerdo implicaba la búsqueda de fórmulas para que las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad" fuesen realojadas "en otras viviendas", el desalojo "efectivo" y voluntario de las viviendas ocupadas, la suspensión de la petición de medida cautelar de desalojo y el "desestimiento del proceso penal instado" contra las familias. Merced a este acuerdo, la propiedad del edificio había pedido al juzgado "que no se acuerde la medida cautelar de desalojo solicitada", si bien como se ha señalado la petición de desalojo forzoso fue reactivada a cuenta del nuevo desacuerdo surgido entre las partes.
La propiedad de los inmuebles, como es sabido, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".
