SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado por presunto delito societario a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce tras la querella presentada a este respecto por el PP, pero también ha requerido a la sociedad mixta documentación sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 y, además, ha reclamado a la Junta de Andalucía "información" sobre la "realidad del compromiso de pago que haya podido asumir" en él, porque su coste supera los nueve millones como principal losa financiera de esta empresa.
En un auto fechado a 13 de mayo, y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya requiere a la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, "documentación" relativa al ERE de 2007, pidiendo además a la Junta "información sobre la realidad del compromiso de pago que haya podido ser asumido", porque además exige una copia de la póliza suscrita entre Mercasevilla y el Banco Vitalicio para el pago de las prejubilaciones derivadas del ERE.
En concreto, la juez instructora se interesa por "la realidad del compromiso de pago que, por ella --la póliza--, haya podido ser asumido", toda vez que el coste del compromiso de pago recogido en la póliza se eleve a 9.046.976,95 euros, y hasta el momento la Junta ha negado su participación en la financiación pese a las reclamaciones de la empresa y de los agentes sociales.
Conviene recordar que la auditoría externa elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre sus cuentas generales de Mercasevilla, no obstante, había reflejado que aunque la documentación incluía alusiones a la participación de la Consejería de Empleo en la financiación del ERE de 2007, no quedaba recogida la firma de ninguno de sus representantes legales en tales aspectos.
Respecto a la querella del PP, la misma iba dirigida contra directivos y ex directivos de Mercasevilla, así como contra los patronos y administradores de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, entre ellos Fernando Mellet, Daniel Ponce, Regla Pereira, Pilar Giraldo, Juan Carlos Recio, Gonzalo Crespo y Antonio Rodrigo Torrijos.
"AMALGAMA DE HECHOS QUE CONLLEVARÍA UNA GESTIÓN DESLEAL"
La juez entiende que existe "una amalgama de hechos que conllevaría una gestión desleal de la sociedad Mercasevilla, generándole importantes perjuicios económicamente evaluables", lo cual "obliga a reabrir" las presentes actuaciones y admitir tanto la querella presentada en su día por Mercasevilla y Fundación como, de manera "parcial", la formulada por el PP, dirigiendo la investigación contra Mellet, Ponce y Giraldo, "sin perjuicio que la presente instrucción pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsable de los hechos".
Al hilo de ello, solicita a Mercasevilla para que aporte, en relación al periodo en que Mellet ejerció su cargo de director general, información sobre las cuentas anuales; informes de auditoría; libro diario; libro mayor; libro de inventario; balances de comprobación; libros de actas; declaraciones de impuestos de sociedades, IRPF e IVA; contratos de préstamos formalizados o el listado de contratos, sobre todo lo cual la Policía Judicial realizará un informe "sobre las incidencias más significativas".
Además de pedir a la fundación que aporte, a parte de todo lo anterior, el organigrama del personal de dirección, plantilla y remuneraciones desde su creación y hasta el 17 de febrero de 2009, la juez instructora solicita a la Dirección General de Pesca y Agricultura las resoluciones sancionadoras recaídas en los 74 expedientes abiertos a Mercasevilla por el depósito de pescado inmaduro.
PAGOS CON LA TARJETA VISA
De igual modo, requiere a Fernando Mellet "soporte documental justificativo" de los pagos efectuados con la tarjeta Visa de la Dirección General de Mercasevilla durante los años 2007, 2008 y 2009, mientras que pide a Mellet y a Ponce las facturas "justificativas" de los gastos de viaje por importe de 11.417 euros. Asimismo, solicita de Mercasevilla una copia compulsada del acuerdo por el que la Junta General de Accionistas del merca acordó el 15 de abril de 2008 el pago de dividendos por 90.000 euros.
Asimismo, la juez instructora acuerda librar oficio al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAS) del Ministerio de Economía y Hacienda para que, con la remisión de los informes de Deloitte, "determine por qué por parte de la auditora Price Waterhouse Coopers, que realizó el informe de auditoría de 2008 y de años anteriores del merca, no se detectaron las irregularidades contempladas por Deloitte en su informe de Estados Financieros del 30 de abril de 2009, y se informe en su caso de la posible responsabilidad en que dicha auditora podría haber incurrido".
De otro lado, pide que la fundación informe sobre los criterios que justificaron la concesión de la beca a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado; así como que se acredite "la realidad del asesoramiento" prestado por las empresas Maginae Solutions S.L. y por Hermes Consulting en cuanto al ERE de 2007. Además, solicita informes sobre la conferencia que, dentro del Foro Jurídico de la fundación, generó un doble gasto --7.629 euros al merca y 6.000 euros a la fundación--, todo ello al objeto de que "se expliquen los motivos de dicha duplicidad".
Tras todo ello, la juez acuerda que, una vez se aporte la documentación requerida, se realice una pericial económica "sobre la realidad y el alcance jurídico-económico" de lo solicitado y sobre "la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes, que hayan causado un perjuicio" tanto al merca como a la fundación.
