SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
En relación al caso de la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), la juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha ratificado su decisión de rechazar la práctica de nuevas pruebas solicitadas por Emérita --empresa que no logró la adjudicación en el concurso-- y se reafirma en el auto de este mismo juzgado, con fecha 9 de junio, en el que se denegaba diligencias de investigación.
La jueza desestima así el recurso de reforma interpuesto por Emérita Resources España y manifiesta que los argumentos esgrimidos por la parte recurrente constituyen "un relato de retazos desarticulados e injertados en hechos inciertos, sin imputación a conductas concretas de las personas que aquí aparecen como investigadas y sólo derivados de meras posibilidades de inseguros resultados y con una finalidad meramente prospectiva o de reproche general por su actuación en el concurso objeto de esta investigación", como señala el auto recogido por Europa Press.
La instructura descarta, de este modo, la necesidad de practicar nuevas diligencias para ampliar la investigación "tendente al esclarecimiento de un presunto delito de cohecho", puesto que toda la investigación necesaria, "pertinente y útil" se ha llevado ya a efectos por los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO).
"Durante los meses en los que se ha acometido la investigación, en ningún momento, la entidad recurrente ha puesto objeción alguna a la forma en la que se estaba desarrollando la misma ni ha sugerido ninguna vía de nueva investigación", como señala la magistrada-juez, Patricia Fernández.
Sostiene la jueza que esas solicitudes "sólo se formula en el momento en el que se pone de manifiesto a las partes, a efectos de evitar dilaciones innecesarias con los daños evidentes y personales que ello conlleva". "No puede en modo alguno admitirse" -detalla el auto que la presente instrucción resulte ser una investigación prospectiva. Ni olvidar que subyace suspendido por prejudicialidad penal, un procedimiento paralelo ante la jurisdicción contencioso-administrativa --donde muchos de los investigados han declarado como testigos-- y que será la legítimamente llamada a abordar muchas de las cuestiones técnicas que se pretenden aquí replantear por los impugnantes".
En ese sentido, conviene recordar que la investigación prospectiva prohibida por el ordenamiento jurídico es una investigación "carente desde el inicio de indicios objetivos concretos, o una investigación generalizada sin deducir la posible existencia de infracción criminal", tal y como subraya la jueza instructora.
Este juzgado investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España. El pasado mes de junio ya desestimó las peticiones de Emérita, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción de practicar nuevas diligencias, considerando que no eran "necesarias" nuevas actuaciones.
