31 de octubre de 2020
24 de septiembre de 2020

El juez requiere a la Mancomunidad del Guadalquivir por el caso de los camiones y UGT niega una denuncia "política"

El sindicato precisa que la denuncia se dirige contra "trabajadores técnicos de mas bajo rango como presuntos ladrones"

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de que el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor haya incoado diligencias previas en torno a una denuncia por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa en la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, la sección de UGT en dicha entidad, como promotora de la denuncia, ha defendido que no se trata de una denuncia "política" y que se dirige contra "trabajadores técnicos de mas bajo rango como presuntos ladrones".

La denuncia en cuestión se dirige contra los expresidentes de la mancomunidad y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, así como contra otras siete personas por su papel como gerentes o jefes de departamento de la mencionada entidad, por la "práctica habitual de la Mancomunidad durante al menos éstos diez últimos años de la omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública, vendiendo de manera directa los recursos y efectos públicos (camiones de la entidad) a un desguace que no es en modo alguno el adjudicatario de dicho servicio".

En ese sentido, los denunciantes sospechan que "el dinero público obtenido en la venta de estos recursos haya sido apropiado indebidamente por algún o algunos integrantes de la Administración".

LOS "PRESUNTOS LADRONES"

Mientras el Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar ha solicitado ya documentación a la Mancomunidad, según un auto de dicha instancia judicial recogido por Europa Press, la sección de UGT en la entidad, como promotora de la denuncia, expone en un comunicado que "la denuncia no es política, ya que no se denuncia a cargos políticos aunque sí se dice quién estaba en la Presidencia en cada ejercicio", sino que "la acusación va encaminada a una presunta malversación de fondos, prevaricación y hurto de las arcas publicas por parte de personas que ostentan desde ser un simple operario hasta un jefe de área técnica, servicios, hacienda y jurídica, todos trabajadores, ninguno político". Se trata, así, de "trabajadores técnicos de mas bajo rango" que habrían actuado como "presuntos ladrones".

Y es que según UGT, "un político difícilmente podía darse cuenta de estas prácticas de los presuntos autores de estos robos". Según UGT, es el alcalde socialista de Gines y actual presidente de la Mancomunidad, Romualdo Garrido, "el único presidente de esta empresa que, en los casi 30 años de vida de la misma, se ha implicado en buscar una solución y averiguar qué pasa con los temas de gestión y economía, implicándose en una transformación de la Mancomunidad Guadalquivir, queriendo cambiar una gestión y funcionamiento mas eficaz en todos los sentidos".

EXPEDIENTE INCOADO

Es más, según UGT, ha sido Garrido quien ante los escritos y actuaciones del sindicato, ha incoado "expediente a los implicados, abriendo una investigación que aún esta en tramites internos de la Mancomunidad". Garrido, según considera UGT, "ha preferido solucionar este tema internamente en vez de en los juzgados", quizá para que el caso no sea usado como "referente político por los demás partidos para sacar rédito político".

Del mismo modo, UGT expone que la junta de gobierno de la Mancomunidad cuenta con presencia del PSOE, PP, Cs, Adelante y Vox, "todos ellos informados" del asunto en cuestión, toda vez que "excepto Adelante, todos han mirado hacia otro lado". Especialmente, UGT recrimina a Juan José Gallego, portavoz de Cs, que pretenda "sacar rédito político" del caso tras haber sido informado del mismo y no haber "apoyado" al sindicato.

UGT, en cualquier caso, expone que más allá de los expedientes incoados en el seno de la Mancomunidad, que podrían derivar en sanciones o despidos, los presuntos autores de los hechos "podrían librarse si no se actúa por medio de una denuncia que esclarezca todo lo que acontece y les caiga todo el peso de la Ley".