Junta abrirá 20 oficinas de asesoramiento urbanístico en primer trimestre de 2009, tras acabar 2008 con 32 OTAU abiertas

Actualizado: jueves, 1 enero 2009 17:20

SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene previsto abrir en el primer trimestre de 2009 un total de 20 oficinas de asesoramiento urbanístico (OTAU) en seis provincias andaluzas, que se sumarán a las 32 OTAU abiertas este año.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, las 20 oficinas que se abrirán en los primeros meses de este nuevo año se ubicarán en las provincias de Cádiz (concretamente en Arcos de la Frontera); Córdoba, en concreto en Alcaraceños, Montoro y Palma del Río; Granada, concretamente en Baza, Guadix, Monachil-Zubia, Atarfe-Santa Fe y Padul-Dúrcal; Huelva, en concreto en Riotinto, Villalba del Alcor, Gibraleón y Villablanca; Málaga, en concreto en Antequera y Cártama; y Sevilla, con nuevas oficinas en Constantina o Cazalla, Écija, Lora del Río, Castilblanco de los Arroyos y Mairena del Alcor.

Estas oficinas se suman a las 32 OTAU abiertas en este año 2008, de las que la mitad se abrieron en los meses de noviembre y diciembre. En concreto en noviembre se abrieron oficinas en Vícar (Almería), Almería capital, Turre (Almería), Motril (Granada), Estepa (Sevilla), Montellano (Sevilla), Lebrija (Sevilla), Baeza (Jaén), Andújar (Jaén), Jaén capital y Linares (Jaén).

En el mes de diciembre se abrieron OTAU en Gerena (Sevilla), Cádiz capital, Algeciras (Cádiz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Aracena (Huelva), cuya apertura se ha producido en estos últimos días de diciembre.

Hasta noviembre existían otras 16 oficinas en funcionamiento, en los municipios almerienses de Olula del Río, Vélez Blanco, Alhama de Almería y Gérgal; en los gaditanos de Alcalá de los Gazules y Villamartín; Cabra (Córdoba); en los municipios granadinos de Órgiva, Loja e Iznalloz; en los jiennenses de Segura de la Sierra, Quesada y Alcalá la Real; en los malagueños de Ronda y Colmenar; y en Calañas (Huelva).

El objetivo de la Consejería de Vivienda es crear una red de 52 oficinas, con lo que más del 90 por ciento de los ayuntamientos "podrá contar con esta herramienta de asesoramiento", que se diseñó para "dar apoyo a esos ámbitos configurados por pequeños términos municipales con dificultad de desarrollo o falta de recursos materiales y humanos". Precisó que el nueve por ciento del territorio que queda al margen de las OTAU está integrado por las capitales de provincia y municipios de relevancia territorial, que, de momento, no están incluidos en la red.

Las Oficinas Territoriales de Asesoramiento tienen unos costes medios de 203.734 euros anuales, en concepto de implantación y mantenimiento de medios humanos y materiales.

Estos centros suelen contar con una plantilla de cuatro técnicos, en concreto dos licenciados, un técnico medio y un administrativo.

Las oficinas territoriales, en materia de vivienda, centran su actividad en "identificar suelos para ponerlos en el mercado con destino a VPO, prestando apoyo con ello a uno de los principales objetivos que sustentan el desarrollo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012". En el ámbito urbanístico, la línea de trabajo se dirige a "asesorar a las corporaciones locales para fomentar y apoyar la adaptación, revisión y formulación de los PGOU, así como la adaptación de su planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)".

En materia de ordenación del territorio, además de asesorar a los ayuntamientos, las oficinas realizan el trabajo de campo para la posterior elaboración de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional.

En el desarrollo de este trabajo de campo, las OTAU han recibido consultas relacionadas con la vivienda protegida, la disciplina urbanística, el planeamiento general, los suelos industriales y los planes de ámbito subregional.

Según las fuentes, en el ámbito de la vivienda protegida, las OTAU están detectando "una buena disposición municipal a colaborar tanto en la detección de las necesidades reales como en la localización de terrenos para construir estos inmuebles".

Con respecto a la disciplina urbanística, los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, "suelen recurrir a estas oficinas ante su incapacidad para asumir las competencias en este campo". En ese sentido, las peticiones más generalizadas se dirigen a "la búsqueda de soluciones al problema de las edificaciones ilegales existentes y a la obtención de apoyo de la Consejería de Vivienda para ejercer las funciones en esta materia".

En el campo del planeamiento general, la casi totalidad de los ayuntamientos realizan consultas sobre el procedimiento administrativo necesario para la revisión o formulación de sus planes generales. De igual modo, la mayoría de ellos plantean a las oficinas la necesidad de poner en el mercado suelos productivos. Los planes de ordenación también centran muchas de las consultas recibidas, casi todas muestran el interés de los municipios por participar en su proceso de redacción.

Con esta medida "se da respuesta a la exigencia de la LOUA de poner en marcha instrumentos de concertación, colaboración y coordinación interadministrativa que hagan posible el desarrollo de la actividad urbanística en un ámbito de colaboración permanente, de manera que en el menor tiempo posible pueda contarse en Andalucía con un número suficiente de planes generales que contemplen la reserva legal de terrenos destinados a VPO y a las dotaciones necesarias".

Además, la iniciativa se enmarca dentro de un plan de choque previsto por la Consejería para "agilizar la adaptación de los municipios a la norma urbanística andaluza" y que incluye otras iniciativas como la contratación de equipos específicos para cada provincia o la reciente aprobación de una orden de subvenciones a la elaboración del planeamiento que simplifique los requisitos "e incluya como subvencionable el proceso de adaptación a la LOUA, las actuaciones de delimitación de reservas de terreno para vivienda protegida y las aportaciones de gestión que demanden los ayuntamientos".