SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta ha aclarado este viernes que ha decidido "parar" el servicio de asesoramiento jurídico penitenciario que se venía prestando diariamente a los internos en los centros penitenciarios de las ocho provincias andaluzas porque "teme" que el Ministerio de Hacienda no va a firmar la adenda que prorroga el convenio entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, la Junta y el Consejo Andaluz de Abogados.
Según ha explicado a Europa Press el secretario general de Justicia de la Junta, Pedro Izquierdo, el convenio contiene adenda que se prorrogan todos los años, en las que se cuantifican el esfuerzo presupuestario que hace la Junta para desarrollar este servicio. La Consejería de Gobernación y Justicia, en el mes de diciembre, tenía redactada la adenda y firmada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por la Administración andaluza, por lo que se remitió al Ministerio del Interior en diciembre, coincidiendo con el cambio político en el Gobierno.
Por todo ello, "estamos esperando que el Ministerio del Interior firme la adenda", aunque aún no lo ha hecho alegando que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria son "preceptivos" informes del Ministerio de Hacienda, de la Abogacía del Estado, de la secretaría técnica de Interior y de la comisión delegada de Política Territorial.
"Desde diciembre estamos llamando a Instituciones Penitenciarias, quién valora el servicio de asesoramiento, para ver qué pasa con el convenio, pues hasta la fecha se ha ido prestando el servicio en la confianza de que posteriormente se cubriría con carácter retroactivo".
De otro lado, Izquierdo ha indicado que durante las últimas comisiones de seguimiento han demandando que la adenda se firme para seguir prestando el servicio. Ante esta situación, hace cuestión de varios días la Junta fue informada por el Ministerio del Interior que estaban a la espera de un nuevo informe de Hacienda, además del de Política Territorial.
Ante todo esto, el secretario general de Justicia ha señalado que, "sobre esta base, hemos decidido que no podemos seguir prestando el servicio porque no tenemos la cobertura del convenio que la ampara". Además, según ha añadido, recientemente se conocieron unas declaraciones desde Instituciones Penitenciarias que hicieron "saltar las alarmas", pues afirmaba que el servicio de asesoramiento era "prescindible" porque contaban "con un cuerpo de letrado que puede prestar asesoramiento a los internos".
A la vista de esto, "hemos decidido parar porque no hay garantías de que se prorrogue el convenio", ha afirmado Izquierdo, quien ha manifestado que la Junta "teme" que la adenda no se va a firmar.
"La Junta hace el esfuerzo económico para prestar el servicio, pero el problema radica que no se puede desarrollar si no existe la autorización de Instituciones Penitenciarias", ha aclarado Izquierdo, para quien esta decisión de no firmar la adenda por parte del Ministerio se enmarca dentro de la política del Gobierno del PP de "no autorizar gastos a las comunidades que no cumplan los requisitos de la Ley de Estabilidad".
Para Izquierdo es "sorprendente" que, ante este cese del servicio, colegios de abogados como los de Granada o Córdoba "digan que nosotros --Junta-- suspendemos el servicio". "No suspendemos el servicio, sino que no lo podemos prestar".
Ha reiterado que la Administración andaluza alberga "sospechas" de que finalmente no se prorrogue el convenio por parte del Ministerio de Hacienda, un convenio que "viene arrastrando desde hace años y con buen predicamento desde Instituciones Penitenciarias, porque supone un elemento pacificador y contribuye a la convivencia de los centros penitenciarios".
Por último, el secretario general de Justicia de la Junta ha resaltado el "esfuerzo" económico que hace el Gobierno andaluz para mantener la justicia "gratuita".
