SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta adelantará las medidas de adaptación administrativa previstas en la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía a la propia entrada en vigor de la norma, prevista para junio de 2015, según se recoge en un decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, que también modifica afecta al régimen de compensaciones del Sistema Arbitral de Consumo y al cumplimiento de inspecciones de equipos fitosanitarios.
Respecto a la primera de estas decisiones, se modifica la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía ante la necesidad de adelantar algunas de las medidas de su Título V. Se trata básicamente de acelerar las adaptaciones previstas en la organización de la Junta y de constituir anticipadamente el Consejo de la Transparencia Protección de Datos de Andalucía, así como de las unidades y comisiones que en las distintas consejerías se encargarán de aplicar los nuevos derechos y obligaciones.
Anteriormente, en diciembre de 2013, la Junta ya adelantó también una de las principales previsiones de la ley, referida a la publicación de los órdenes del día, acuerdos y expedientes de las reuniones del Consejo de Gobierno.
En relación con el Sistema Arbitral de Consumo, el decreto ley modifica la legislación andaluza en la materia con el fin de articular un sistema de compensaciones económicas por razón del servicio para aquellas personas ajenas a la función pública de la Junta que asisten a sus órganos de resolución extrajudicial de conflictos. La falta de este tipo de indemnizaciones ha originado retrasos en el funcionamiento y bloqueos de las tareas encomendadas.
Finalmente, en materia de sanidad vegetal, el decreto ley incluye una norma que atribuye a la sociedad pública Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (Veiasa) la inspección técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
La decisión tiene en cuenta la experiencia en trabajos de inspección que ofrece esta empresa (es la encargada de las ITV en la comunidad) y su idoneidad para cumplir con el plazo límite del 26 de noviembre de 2016 que fija la normativa europea para certificar el buen funcionamiento de los medios que se utilizan en la lucha contra las plagas en la agricultura.
