Junta asegura que Banco Popular ofrece 24 VPO a los registros de demandantes tras el expediente sancionador

Actualizado: jueves, 15 mayo 2014 9:20

Popular indica que la entidad ya comunicó "hace tiempo" todas sus VPO a todos los ayuntamientos, y facilitaron los datos a Junta y consistorios

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda ha asegurado que el Banco Popular ha ofrecido 24 viviendas protegidas a los registros de demandantes de los municipios de Chiclana de la Frontera (doce), San Fernando (nueve) y Los Barrios (tres), "a raíz del expediente sancionador abierto por la Consejería contra dicha entidad financiera precisamente por incumplir la función social de las VPO al no ofrecerlas a los registros".

Fuentes de la Consejería han indicado a Europa Press que la Junta mantiene abiertos en toda Andalucía ocho expedientes sancionadores contra sendas entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. Las posibles sanciones ascienden a 11,1 millones de euros.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha explicado que estas 24 viviendas "estaban ocultas a los registros y ahora están a disposición de los demandantes, de familias que las necesitan. Esto es consecuencia directa de los expedientes sancionadores abiertos por la Consejería, uno de cuyos propósitos es precisamente que las entidades financieras pongan sus VPO a disposición de los registros. Una vivienda construida con dinero público no puede servir para estar cerrada ni para especular".

Cárdenas ha explicado que el objetivo de la Consejería es que "en un año no quede en Andalucía ni una sola vivienda protegida deshabitada ni oculta a los registros, sea la vivienda de un promotor público o privado o de una entidad financiera", ha añadido el delegado.

La Consejería de Fomento y Vivienda abrió el pasado mes de febrero expedientes sancionadores a ocho entidades financieras por no poner VPO a disposición de los registros de demandantes, esto es, Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Servihabitat, Building Center, Unión de Créditos Inmobiliarios y Anida Operaciones Singulares.

En total, el número de viviendas protegidas fuera de los registros de demandantes alcanzaba 185. "Es fundamental entender que 185 no es el número de VPO de las entidades financieras ocultas a los registros, que con toda certeza será mucho mayor. Éste es el número que la Consejería ha detectado a través de los listados de VPO en sus balances remitidos por las entidades financieras en cumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda", ha explicado Cárdenas.

En Cádiz, la Consejería abrió cuatro procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de 30 viviendas protegidas. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 1,8 millones de euros. Las entidades son Banco Popular (20 viviendas), BBVA (seis viviendas), Servihabitat (dos viviendas) y Building Center (dos viviendas).

"El número de viviendas puestas a disposición de los registros por el Banco Popular inmediatamente después del inicio de los expedientes sólo en tres municipios es mayor del total de viviendas por los que se abrió dicho procedimiento en toda la provincia", ha remarcado Cárdenas, que ha destacado el "efecto dominó" de las tareas de "vigilancia y control" que realiza la Consejería, "haciendo aflorar nuevas VPO".

De esta forma, asegura que la Junta "está empezando a alumbrar el mercado de la vivienda, tradicionalmente desregulado y opaco, y a hacer aflorar VPO deshabitadas y ocultas. Hacemos políticas efectivas que dan resultados concretos".

PALABRAS DEL POPULAR

Por su parte, fuentes del Banco Popular han indicado a Europa Press que la entidad ya comunicó "hace tiempo" todas sus VPO a todos los ayuntamientos, de forma que, según han explicado, se facilitaron los datos a la Junta y también a los consistorios.

Las fuentes han dejado claro que "no hay específica ni especial ni en Cádiz ni en ninguna otra provincia".

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