SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El destino y financiación de los programas sociales, como es el caso del programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social, popularmente conocido como Zonas, sigue enfrentando al Ayuntamiento hispalense y la Administración autonómica. En este nuevo cruce de declaraciones, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha respondido a los "recortes" recriminados por el Consistorio, alegando una serie de recortes del Estado según los cuales "la reducción de las partidas para los servicios sociales del Ayuntamiento en ningún caso corresponden a la falta de compromiso de la Junta", sino al Estado.
Tras las recientes críticas de la concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores De Pablo-Blanco, y del portavoz del Gobierno municipal del Consistorio, el concejal Francisco Jiménez, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha defendido su papel en los programas de políticas sociales.
Para la Consejería, el Ayuntamiento de Sevilla, "en un ejercicio de intencionada confusión y demagogia, ha aportado una batería de datos falsos para intentar justificar a la ciudadanía el porqué de los recortes a las prestaciones de servicios sociales que recibe la ciudadanía y que son sólo achacables, por mucho que digan lo contrario, al Gobierno central y el propio Ayuntamiento y en ningún caso a la Junta de Andalucía, como han querido hacer ver".
La Consejería recuerda que De Pablo Blanco afirma que el Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía, que financiaba, entre otras medidas, la intervención integral con menores vulnerables del asentamiento chabolista de El Vacie, sufrió en 2011 un recorte del 12,41 por ciento y que este año la Junta no concede "nada", pero "la aportación de la Administración General del Estado a este Plan se ha reducido en 2012 un 48,3 por ciento frente a 2011".
"El compromiso del Estado para estos proyectos era de aportar el 60 por ciento, correspondiendo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos el 40 por ciento restante. Si la Junta hubiera seguido este criterio y adecuado la cantidad a este pacto, tendría que haber reducido esta partida más de un 75 por ciento y en cambio la mantiene prácticamente igual, destinando más dinero incluso que la Administación general".
Respecto a las subvenciones a entidades locales para la atención a personas inmigrantes, es la Junta la administración pública que "aporta íntegramente una financiación de cerca de 1,3 millones de euros para medidas de alojamiento temporal e integración". Es más, la Consejería de Salud y Bienestar Social "ha aumentado este año un 3,43 por ciento su contribución a esta línea, sin aplicar ningún tipo de recorte, mientras que la Administración General del Estado no hace ya aportación económica alguna. Ha eliminado esta ayuda de 1,7 millones de euros para toda Andalucía".
Por último, en lo que se refiere a las subvenciones a entidades locales para la intervención en Zonas con Necesidades de Transformación Social, subrayar la Junta que ha destinado este año más de 2,6 millones de euros a su financiación para toda Andalucía. Esta cantidad "es la misma que aportó la Administración autonómica el año pasado, lo que supone que aquí tampoco se ha producido un recorte en esta línea de ayudas de la que se benefician personas en situación de riesgo de exclusión".
Además, "la Junta de Andalucía mantiene este año la cuantía de la partida presupuestaria que destinó en 2011 a la financiación de los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado en el que participan también el Estado y las corporaciones locales, mientras que el Gobierno central ha bajado su contribución un 45%, de 17 millones en 2011 a 9,2 millones en 2012".
"La reducción de las partidas destinadas al mantenimiento de los servicios sociales de los municipios, y concretamente del Ayuntamiento de Sevilla, en ningún caso corresponden a la falta de compromiso de la Junta de Andalucía para con las políticas sociales, sino que es el Gobierno central del Partido Popular el que está haciendo un desmantelamiento de facto de toda la estructura que soporta la realidad social de los municipios", dice la Junta.
