La reducción a la mitad de plazos en proyectos de interés estratégico se aplicará a todas las iniciativas salvo a los medioambientales
SEVILLA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta deberá aprobar, en el plazo de seis meses, un plan de reducción de cargas administrativas a las empresas, tanto a los proyectos estratégicos como a las pymes, según se contempla en el decreto ley de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicho decreto ley, que se ha aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 28 de diciembre, se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y entra en vigor este sábado, 1 de enero de 2011.
Dicho plan de reducción de cargas administrativas a las empresas deberá ser elaborado, previa deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Asimismo, este decreto ley norma incluye como principales novedades la reducción a la mitad de los trámites administrativos en grandes proyectos de interés estratégico y el establecimiento de fórmulas para que las pymes puedan iniciar sus actividades sin esperar a la autorización de la Administración.
Este decreto-ley cuenta con dos bloques diferenciados, uno dirigido a agilizar la ejecución de grandes proyectos estratégicos de inversión empresarial y otro con medidas orientadas a facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas.
El primer conjunto de medidas establece el marco regulador que permitirá identificar proyectos que puedan ser declarados de interés estratégico para Andalucía, por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo.
Este tipo de iniciativas empresariales se beneficiarán de una tramitación "preferente y urgente", de manera que se reducirán a la mitad tanto los plazos de los procedimientos administrativos que les afectan como su resolución y notificación, "excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, a los procedimientos de concurrencia competitiva, a los de naturaleza fiscal y a las actuaciones declaradas de interés estratégico para Andalucía, relativos en materia de medio ambiente", caso este último a los que les será de aplicación "el procedimiento abreviado previsto en la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental".
Estos proyectos deberán dirigirse a inversiones no residenciales y ser coherentes con los objetivos de sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental.
Asimismo, se encuadrarán en alguna de las siguientes categorías: industriales o de servicios avanzados que generen cadenas de valor añadido y empleo en el sistema productivo; actividades económicas que aporten valor añadido en sectores productivos con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico; refuerzo de la implantación de la sociedad del conocimiento y el potencial de innovación y de cualificación del capital humano; renovación del patrón productivo en los sectores tradicionales; implantación de nuevas actividades económicas que pueden sustituir a sectores en declive o en reconversión, y aportación a la cohesión territorial y al desarrollo de las zonas más desfavorecidas.
La declaración del proyecto de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía corresponderá a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que valorará "la viabilidad económico-financiera de la iniciativa, su impacto económico en el conjunto de la economía andaluza y los efectos de arrastre en otros sectores, la generación de empleo, el grado de innovación tecnológica, la compatibilidad con la sostenibilidad ambiental y el patrimonio cultural, la repercusión sobre la vertebración territorial y social o el requerimiento de ayudas por parte de las Administraciones públicas andaluzas", según apunta el BOJA, entre otros aspectos.
Asimismo, la Comisión de Política Económica realizará el seguimiento de la tramitación administrativa llevada a cabo con las inversiones empresariales a las que se haya otorgado la declaración de interés estratégico para Andalucía.
Además, el Consejo de Gobierno podrá establecer mediante decreto la información complementaria que deberá aportarse para poder efectuar la declaración de interés autonómico.
APOYO A PYMES
El segundo bloque del decreto-ley incluye figuras de mejora de la regulación y simplificación administrativa para agilizar la inversión de las pymes, fundamentalmente la declaración responsable y la comunicación previa, instrumentos que permitan "a los emprendedores iniciar una actividad empresarial de forma ágil y flexible, cambiando el control previo de las administraciones publicas por el control posterior", todo ello "sin que suponga una merma de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, sino una mayor agilidad y simplificación administrativa".
La declaración responsable para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional es un documento en el que el interesado declara que reúne todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para iniciar la actividad, dispone de documentación que lo acredita y se compromete a mantener su cumplimiento durante la duración de la misma.
En cuanto a la comunicación previa para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional, este documento pone en conocimiento de la administración pública competente hechos o elementos relativos al inicio de una actividad, indicando los aspectos que puedan condicionar la misma. De este modo, los emprendedores podrán comenzar sus proyectos sin esperar la autorización previa de la Administración, que ejercerá un control a posteriori.
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Asimismo, según apunta el decreto ley publicado en BOJA, esta nueva norma conlleva la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, incorporando un nuevo título sobre las inversiones empresariales declaradas de interés estratégico para Andalucía.
De esta forma, la Ley de Ordenación del Territorio se modifica y apunta que "la declaración de interés autonómico requerirá, en todo caso, del trámite de previa audiencia de las administraciones públicas afectadas y del ayuntamiento o ayuntamientos de los municipios en cuyo término municipal se ubique la actuación"; dicha declaración se producirá "una vez redactado el estudio informativo, anteproyecto, a los que se acompañará memoria justificativa en la que se acredite su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial de Andalucía".
Asimismo, se apunta que esa declaración tendrá una serie de efectos, de forma que "llevará implícita, en su caso, la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación a los efectos de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para las conexiones a las redes generales; previo otorgamiento de las correspondientes licencias, legitimará inmediatamente su ejecución, siendo sus determinaciones directamente aplicables; o la modificación de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que no amparen las determinaciones del proyecto de actuación aprobado", entre otras cuestiones.
