La Consejería de Justicia asegura que no se perderá ninguna plaza con esta iniciativa, que es una necesidad "urgente" planteada por el TSJA
SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia e Interior ha defendido este jueves la iniciativa en la que viene trabajando para impulsar una modificación en las plantillas de los funcionarios de la Administración de justicia en Andalucía con el objetivo de propiciar una mejor distribución de estos efectivos y atender con mayor eficacia las cargas de trabajo que soportan actualmente los órganos judiciales de la comunidad, lo que supondría una mejora de este servicio público.
Precisamente, el sindicato CSIF ha organizado este jueves una protesta en autobús en Sevilla contra la propuesta de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía al considerar que es "arbitraria, desproporcionada e injusta" y "conlleva la ruina de los juzgados".
En una nota, la Consejería ha mostrado su respeto a las movilizaciones y protestas de los sindicatos sobre esta medida aunque no comparte el rechazo a esta iniciativa por estar todavía en fase de debate y negociación y suponer "una evidente y necesaria" mejora "ampliamente demandada y compartida por la mayoría" del mundo judicial, especialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En este sentido, y según la Junta, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz ha venido manifestando reiteradamente las distorsiones existentes en la distribución de funcionarios que no permite en la actualidad atender las necesidades reales del trabajo de los órganos judiciales y de la población a la que presta servicio, una situación que ha provocado que existan órganos que en la actualidad disponen de un exceso de funcionarios y otros con una plantilla muy escasa.
El objetivo de esta medida, por ello, es acabar con esta desigual situación y acometer una redistribución de los efectivos existentes para incrementar las plantillas en aquellos órganos que soportan en estos momentos un mayor volumen de trabajo, todo ello teniendo cuenta la dificultad de proceder a un aumento ahora de funcionarios por la actual coyuntura financiera y presupuestaria.
La citada modificación se realizará a través de una reasignación de plazas que permitirá dotar de más funcionarios a los órganos más sobrecargados procedentes de aquellos otros en los que su carga de trabajo sea inferior.
La propuesta inicial para esta redistribución afecta a una serie de plazas en toda la comunidad, según la Consejería, que destaca además que por cada plaza que se reordene en un órgano judicial se creará una nueva en otro, por lo que la plantilla global de funcionarios permanecerá inalterable y no se perderá ningún puesto de trabajo, como así denuncian los sindicatos "sin ningún fundamento".
APUESTA POR EL DIÁLOGO Y EL ACUERDO
El departamento que dirige Emilio de Llera pone de relieve "su firme voluntad de diálogo y acuerdo" con todas las partes implicadas en esta iniciativa de mejora de la justicia, cumpliendo lo legalmente establecido a través del impulso de un proceso negociador a través de un grupo de trabajo en el que están presentes las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de la Administración de justicia.
A este respecto, la Consejería subraya que está abierta a analizar cualquier propuesta e introducir las mejoras y sugerencias que le sean planteadas en el seno de este órgano de negociación.
De hecho, según la Junta, esta apuesta por el diálogo ha permitido propiciar "una clara unanimidad" con respecto a algunas plazas, como por ejemplo las secciones civiles de las audiencias provinciales, mientras que en otras se está efectuando un primer estudio que será objeto de debate próximamente.
La Consejería está promoviendo esta iniciativa de forma previa y como anticipo a la futura modificación que supondrá la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, cuyos proyectos piloto se encuentran en la última fase de preparación.
A la espera del desarrollo paulatino de este nuevo modelo de oficina, la Junta sostiene que es necesario impulsar "de forma urgente" medidas que optimicen ya los actuales recursos humanos al servicio de la Administración de justicia para la paliar la difícil situación que atraviesan determinados órganos judiciales y fiscalía.
