SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha señalado que la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, aprobada en septiembre como anteproyecto, "consagrará normativamente la eficiencia como principio rector de la inversión en obra pública" por "primera vez" en una comunidad autónoma.
La norma, que llegará al Parlamento previsiblemente en el segundo periodo de sesiones del año próximo, supondrá "un antes y un después en la forma de planificar y ejecutar las políticas de movilidad y las infraestructuras de transporte", ha afirmado este jueves Cortés en el Parlamento de Andalucía.
Ha subrayado que uno de los objetivos es "racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte adecuándolas a criterios objetivos de ahorro y eficiencia, debiendo supeditarse la inversión a su viabilidad a partir de los correspondientes indicadores de movilidad", según dice el propio texto.
Cortés ha afirmado que el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible será fundamental para cumplir el objetivo de establecer por ley la racionalización de la inversión, ya que incluirá las determinaciones normativas para que la implantación de una nueva infraestructura destinada al transporte público colectivo esté basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.
INFORME DE COSTES EXTERNOS
La consejera ha recordado que el artículo 19 de la Ley señala que "los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras del transporte y de puesta en servicio de las mismas deberán acompañar un informe de costes externos.
Esto se traduce, ha explicado Cortés, en que, a la hora de concebir una nueva infraestructura del transporte "se debe tener en cuenta no sólo su viabilidad en función del coste económico y demanda de viajeros, sino que además se deben considerar los costes externos".
Los informes de costes externos deberán incluirse en todos los proyectos de construcción de infraestructuras, en el Plan Andaluz de Movilidad y en los Planes Territoriales y Urbanos, también actualmente en elaboración.
TRANSPORTE PÚBLICO, BICICLETA Y FERROCARRIL
La consejera ha explicado que el objetivo fundamental de la Ley es incrementar el uso del transporte público y la bicicleta en el desplazamiento de personas, y del ferrocarril en el de mercancías.
"Estamos 13,2 puntos por debajo del uso en transporte público y 4,6 por debajo en bicicleta. Al mismo tiempo estamos hasta doce puntos por encima en coche y moto", ha explicado Cortés para ilustrar los motivos de la Ley, que también incluye entre sus principios la imputación de los costes de la contaminación al agente contaminante.
El anteproyecto incluye además un conjunto de medidas concretas para el fomento del uso de la bicicleta. Como ejemplos, Cortés ha señalado que los vehículos de transporte público colectivo en Andalucía contarán con espacio reservado para el transporte de bicicletas y los edificios de uso residencial de nueva construcción deberán contemplar emplazamientos específicos, seguros y resguardados, para el doble de bicicletas que viviendas haya.
APORTACIÓN DE LOS PROMOTORES
El anteproyecto, ha afirmado Cortés, establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un significativo incremento de la movilidad deben acompañar un estudio de impacto de la movilidad generada.
Tras emitir la Consejería un informe vinculante sobre dicho estudio en un plazo de tres meses, los promotores deberán obligatoriamente contribuir a sufragar los gastos por el incremento de los costes de las infraestructuras para la nueva movilidad generada.
PP: "ES INSOSTENIBLE"
Por su parte, la diputada del grupo parlamentario del PP Carolina González Vigo ha advertido este jueves de que esta normativa es "insostenible". "Está muy bien lo que se plantea en la teoría pero esto afecta a los ciudadanos y la práctica hay que vivirla".
Asimismo, ha criticado que las aportaciones que tendrán que dar las administraciones públicas al respecto "no se sabrán", pero "sí un nuevo canon para la movilidad sostenible", que será, a su juicio, "un nuevo impuestazo para que se puedan cumplir los pactos entre PSOE e IU".
Tras señalar que no se trata de la primera ley de movilidad, ya que Baleares se adelantó, ha mostrado su deseo de que esta ley hubiera sido "un pacto con la sociedad y no sólo un pacto de gobierno".
Asimsimo, ha pedido llevar a cabo la sostenibilidad en el transporte de una manera "equilibrada y con sentido común" porque "una ciudad llena de bicicletas es idílico pero insostenible".
Por último, ha criticado que se cree un observatorio que atienda a este ámbito, cuando "ya hay 36 más". "Observar se observa mucho, pero controlar poco", ha subrayado.
PSOE: "QUIERE DAR SENTIDO COMÚN"
Por su parte, el diputado del grupo parlamentario del PSOE Enrique Javier Benítez ha dado la bienvenida a este planteamiento de la movilidad, que "quiere dar sentido común" y ha animado a que "no sólo se piense en la perspectiva financiera, sino también ambiental y social".
Tras apuntar que "la bicicleta, que ha sido denostada por otros partidos políticos, ha llegado para quedarse", ha apuntado que la actual crisis es "un buen momento para incluir esta planificación sin caer en exceso de normativa".
IULV-CA: "LEY ANTIDERROCHE"
Por su parte, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha saludado este normativa que va a ser "una herramienta de mucha utilidad" y va a "satisfacer una demanda contrastada", además de ser una "ley antiderroche".
No obstante, ha indicado la bajada en el volumen de licitación de obra pública al seguir los criterios que detalla esta ley, aunque, si bien, Andalucía hasta agosto de este año se ha situado como la segunda comunidad con más licitación de obra pública.
De esta manera, ha considerado "muy sensato y oportuno" que esta norma "pionera" vincule las infraestructuras con la rentabilidad social. En contra, ha criticado las "reticencias" de algunos sectores a la hora de llevar a cabo medidas que son necesarias para conseguir "un tipo de ciudad que cuando las visitamos, las envidiamos".
