TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha exigido nuevamente al Gobierno central que retire la reforma de la ley del aborto, "ya que el texto propuesto supone un riesgo para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, atenta contra sus derechos y libertades y abre la puerta a la inseguridad jurídica de la que ya fueron víctimas los profesionales sanitarios".
En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada este miércoles en Toledo, Sánchez Rubio ha subrayado que el texto se ha desarrollado desde el punto de vista de penalización a la mujer, liderado por el Ministerio de Justicia "aunque ahora se le ha querido dar apariencia sanitaria llevándolo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".
La consejera, según ha informado la Junta en un comunicado, ha destacado que no sólo ha supuesto una "deslealtad" la forma utilizada para introducir en el orden del día del Consejo Interterritorial el debate sobre la ley del aborto, sino que el informe del impacto sanitario ha sido entregado en el mismo momento que ha comenzado el debate del punto en cuestión.
Andalucía ha solicitado la retirada del proyecto de reforma y el mantenimiento de la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, "una ley garantista y progresista que apuesta por los derechos y las libertades de las mujeres".
En este sentido, la titular andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha reiterado que modificar la norma vigente para volver a un sistema de supuestos supone un ataque y una regresión en la libertad de las mujeres. Además, esta modificación no reducirá el número de abortos, sino que contribuirá a que florezcan métodos clandestinos de interrupción voluntaria del embarazo que pondrán en peligro la salud de las mujeres.
Con la actual Ley, se han reducido los embarazos no deseados en un 5,04 por ciento, si se comparan los datos de 2012 con los del año anterior. Por su parte, con el nuevo texto que plantea el Gobierno central, más del 91 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo que se hacen en España deberían dejar de producirse en el país, según un informe de la Junta de Andalucía.
Esto supone que se realizarían fuera de España o se harían de forma insegura, por lo que dejaría muy desprotegidas a las mujeres más vulnerables.
A su juicio, el anteproyecto tampoco establece regulación sobre la estrategia de salud sexual y reproductiva y, por tanto, la educación en este ámbito que es fundamental para evitar embarazos no deseados y prevenir prácticas de riesgo. Asimismo, la eliminación del supuesto de interrupción del embarazo por anomalías fetales puede suponer un aumento en el número de recién nacidos con enfermedades graves y limitantes, según Sánchez Rubio.
La reforma también sitúa a los profesionales en un escenario "complejo", criticado por organismos como la Organización Médica Colegial, que ha manifestado que el médico no es capaz de adivinar con carácter previo cómo afectará el aborto a la salud mental de la mujer.
La ley actualmente vigente recoge la objeción de conciencia a aquellos profesionales directamente implicados en la interrupción del embarazo, garantizando siempre la adecuada asistencia a la mujer antes y después de la intervención.
La Junta recuerda que la Ley de 2010 posicionó a España al nivel de países del entorno y reconoció el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad libre y responsablemente. La mayoría de los países europeos reconocen el aborto por libre decisión de la mujer entre las 8 y las 24 semanas en función del país --Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal y Suecia-- y otros lo permiten por indicaciones tan amplias que en la práctica supone la libre decisión de la mujer --Inglaterra, Finlandia e Islandia--.
En Europa sólo dos países --Irlanda y Polonia-- mantienen una legislación limitada a situaciones de riesgo vital para la mujer y uno --Malta-- lo prohíbe totalmente.
ENFERMEDADES RARAS
De otro lado, Andalucía ha puesto en valor el Plan de Atención a personas Afectadas por Enfermedades Raras desarrollado en la comunidad y que permite ofrecer a los más de 80.000 niños y niñas que nacen cada año en la comunidad autónoma la realización del cribado neonatal para detectar precozmente la presencia de un total de 30 metabolopatías congénitas.
Andalucía continúa centrando esfuerzos en la detección, tratamiento e investigación en este campo. Por eso, desde la comunidad andaluza, se consideran "insuficientes" los fondos que se han acordado dirigidos a las Estrategias de Salud para 2014.
Desde la puesta en marcha del registro andaluz para estas enfermedades en el año 2000, se han detectado precozmente cerca de un millar de casos de enfermedades raras en niños y niñas recién nacidos.
En el ámbito de la investigación, el Sistema Sanitario Público de Andalucía apuesta por la investigación de este tipo de patologías de baja prevalencia --las padecen menos de una de cada 2.000 personas-- que afectan actualmente a unas 500.000 personas en Andalucía.
Desde el año 2010 la Consejería ha financiado 30 proyectos de investigación en relación a las enfermedades raras, abarcando estudios en patologías como Esclerosis Lateral Amiotófica, enfermedades mitocondriales, Síndrome de Wiskott-Aldrich, retinosis pigmentaria o temas relacionados con el cribado neonatal de hemoglobinopatías por ejemplo. Asimismo desde el año 2011 se han concedido la financiación FIS para 17 proyectos de investigación en nuestra comunidad autónoma sobre temas como distrofias retinianas, síndrome Melas o enfermedad de Hirschsprung.
Además, se han impulsado 25 ensayos clínicos en los que participan pacientes que reciben tratamientos experimentales con diferentes terapias avanzadas, lo que pone de manifiesto que la comunidad andaluza representa una de las áreas geográficas a nivel mundial en las que se concentra una mayor actividad de investigación clínica con estas terapias dirigidas en muchos casos a pacientes afectados de enfermedades raras.
Existen entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras y se trata en su mayoría de enfermedades genéticas y con inicio habitual en la infancia, por lo que provocan graves alteraciones en la persona que las padece y en su entorno familiar. Muchas de estas patologías no tienen tratamiento específico y por ello conllevan un alto coste familiar y social, si bien se pueden paliar los síntomas y aliviar su avance y sus efectos.
LUCHA CONTRA LAS AGRESIONES
En la reunión del Consejo Interterritorial, todas las comunidades autónomas han mostrado además su preocupación por las situaciones de conflictividad que pueden llegar a padecer los profesionales de la sanidad pública y Andalucía considera que sería beneficioso realizar un trabajo común para paliar las agresiones.
En este sentido, Andalucía ha recordado el desarrollo de su Plan de Atención y Prevención de Agresiones que ofrece apoyo jurídico y psicológico a los profesionales afectados, además de medidas de seguridad en los centros y formación a los profesionales sobre cómo actuar ante situaciones de conflictividad.
Estas medidas han permitido que, desde 2009, el índice de agresiones en Andalucía sea inferior al del resto del Sistema Nacional de Salud.
