SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha indicado este miércoles que la Junta de Andalucía ha impuesto sanciones por valor de casi diez millones de euros en materia de consumo durante los últimos 18 meses, en los que ha inspeccionado más de 35.000 empresas y ha realizado más de 45.000 intervenciones.
En comisión parlamentaria, a fin de informar sobre los programas en materia de consumo y en defensa de los consumidores, Valderas ha explicado que el Plan de Inspección de Consumo de la Junta para este año contempla la realización de 27 campañas que incluyen 9.500 controles y la toma de 700 muestras para comprobar el cumplimiento de las normativas vigentes y, de este modo, garantizar y reforzar los derechos de las personas consumidoras.
Ha detallado también que este año el mayor número de inspecciones se lleva a cabo en el sector de servicios, donde se prevén realizar 11 campañas que engloban más de 6.000 actuaciones para examinar productos rebajados, comercio electrónico, vivienda, talleres de automóviles, academias, control básico de establecimientos, joyerías y compra de metales preciosos, restauración, publicidad y comunicaciones comerciales y control de alquiler de vehículos, siendo ésta de ámbito nacional.
Por su parte, para el control de productos industriales se prevén nueve campañas con 2.156 actuaciones centradas en el examen de etiquetado y toma de muestras de disfraces, artículos para aprender a nadar, material escolar, eficiencia energética, bombillas de bajo consumo y gasolinas y gasóleos. Asimismo, en el sector de alimentos se van a desarrollar siete planes de inspecciones con 1.996 actuaciones entre las que destaca la participación en sendas campañas nacionales para el control de alimentos transgénicos y de etiquetado ecológico.
Valderas ha explicado que en la elaboración del calendario de campañas se han tenido en cuenta las aportaciones de las organizaciones de consumidores Uca-Uce, Facua y Al Andalus, la Confederación de Empresarios de Andalucía y de departamentos de la Junta. Asimismo, ha indicado que, con las aportaciones y los resultados de años anteriores, la Secretaría General de Consumo ha priorizado una serie de actuaciones y se han concretado en el Plan de Inspección 2014, además de tener en cuenta los compromisos adquiridos con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición para la participación en las campañas nacionales.
RESULTADOS 2013
En su intervención, el vicepresidente ha destacado igualmente algunos datos del balance de 2013 en el que se han recibido un total de 24.428 quejas, reclamaciones y denuncias de personas consumidoras y usuarias. Algo más del 95 por ciento (23.252 reclamaciones) corresponde al sector servicios, seguido de productos industriales, con el 4,63 por ciento (1.130), y alimentos, con menos del uno por ciento (46).
En el marco de la ejecución del citado plan se han visitado 8.776 establecimientos comerciales, que han dado lugar a la apertura de 12.328 actas siendo el 24,1 por ciento positivas (2.922). Además se han tomado 724 muestras de las que casi el 23 por ciento (166) han sido positivas. Como consecuencia de estas acciones se han iniciado más de 600 expedientes sancionadores.
Valderas ha trasladado a los representantes de la comisión que el trabajo de la Secretaría General de Consumo se basa en "la participación, cooperación, generación de complicidades y la implicación de todos los actores" que conforman los mercados. De este modo, se pretende crear "un marco estable de alianzas y compromisos" con los principales agentes, así como concienciar y facilitar a las personas consumidoras el acceso a una mejor información que les ayude a ejercer plenamente sus derechos y a apostar por un consumo responsable.
Asimismo, ha subrayado los instrumentos que la Junta pone a disposición de las personas consumidoras para facilitar la resolución de conflictos como se viene realizando a través de la mediación y el arbitraje. En este contexto, ha expuesto la necesidad de abordar nuevas respuestas para atender nuevas necesidades motivadas por la globalización de los mercados, cambios en las formas de consumo y el desarrollo de nuevas tecnologías, entre otros.
A su juicio, estos factores obligan a replantear las relaciones entre los actores que intervienen en los mercados (consumidores, empresas y administraciones) y el nuevo papel que deben desempeñar cada uno de ellos, concediendo especial protagonismo a "espacios de escucha activa, colaboración, innovación y evaluación de las políticas de consumo".
