SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha insistido este miércoles en el Parlamento andaluz que la "voluntad política" del Gobierno andaluz es la de derribar el hotel de El Algarrobico en cuanto haya seguridad jurídica para "acabar con ese símbolo de la especulación urbanística y que es un atentado a la protección de un espacio natural tan rico y emblemático" como el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).
De ahí, según ha recordado en el pleno del Parlamento andaluz, que la Junta de Andalucía vaya a ejercer este viernes 12 de septiembre el derecho de retracto sobre los terrenos en los que se asienta el hotel, y evitar así el reinicio de las obras.
"Se ha decidido formalizar ya el derecho del retracto, por lo que se ha convocado a la empresa Azata del Sol el próximo viernes en una notaría de Almería. En caso de no comparecer, la Junta agotará todos los recursos administrativos, judiciales y gubernativos que estén en su mano para garantizar la plena disponibilidad del terreno", ha explicado Serrano, quien reitera que se trata "de evitar a toda costa el reinicio de las obras".
Además, la consejera ha advertido de que el precio de los terrenos sobre los que se formaliza este derecho "es el mismo que la empresa pagó en su día por las dos fincas" --2.313.000 euros-- y que, por tanto, ese es "el único gasto que la Junta va a hacer". "Cualquier otra cifra es una manipulación interesada de los hechos", ha apostillado Serrano para referirse tanto a la empresa como al PP-A, al que ha pedido que aclare "de una vez si está a favor o no de la demolición".
También ha asegurado sobre este derecho de retracto, ejercido en septiembre de 2006 sobre dos fincas situadas en el parque natural de Cabo de Gata-Nijar que fueron adquiridas por la empresa Azata del Sol en 1999, que esta compra venta "fue ocultada a la Junta, que no tuvo conocimiento oficial de la misma hasta el mes de febrero de 2006".
No obstante, cuando supo de ello, en palabras de Serrano, "la Consejería inició los trámites administrativos para ejercer dicho derecho y adquirió a la empresa las citadas propiedades depositando las cantidades de 1.402.000 euros y 901.000 euros por cada una de ellas en la Caja de Depósitos del Juzgado".
Desde entonces, según Serrano, "nos encontramos en un escenario jurídico en el que sobre un mismo hecho, el derecho de retracto, existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que da la razón a la Junta y otras dos del mismo tribunal que aunque también apoyan la postura de la Administración autonómica no son firmes", por lo que se está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo en relación con los recursos de casación presentados contra las mismas por las empresas Azata y Azata del Sol.
A todo ello hay que sumar otras resoluciones judiciales producidas desde el año 2006 hasta el mes de marzo de este año, en el que se ponen de manifiesto "las irregularidades cometidas", según Serrano. Así, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que considera ajustada a derecho la resolución del Ministerio de Medio Ambiente por el que se establecía la zona de servidumbre de protección en 100 metros, mientras que el TSJA anula varios artículos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del 2008 y ordena a la Junta para que de manera expresa declare no urbanizable de especial protección el terreno sobre el que se estaba construyendo el hotel.
En este marco jurídico, Serrano ha recordado que la Junta decidió no formalizar el derecho de retracto hasta que las resoluciones del Supremo y el resto de las relacionadas con la calificación del suelo y licencia de obras fueran firmes. No obstante, las sentencias del TSJA de 21 de marzo y 29 de junio de 2014 "ha cambiado radicalmente el criterio mantenido hasta ahora al considerar urbanizable el suelo en el que se asienta el hotel y legal la licencia de obras". Ambas sentencias han sido ya recurridas y están pendientes de las resoluciones del Supremo.
Ante todo ello, según ha incidido la consejera, el interés de la Administración autonómica no es otro que el de restaurar la legalidad urbanística "gravemente alterada", derribar el hotel cuando existan sentencias firmes que lo permitan, así como impulsar un Plan de Dinamización que contribuya a la creación de empleo en la zona y a la recuperación del espacio natural dañado.
"Esta postura es compartida por el Gobierno de la Nación con el que se mantiene el compromiso de colaborar en el derribo y en la restauración del área afectada, cuando existan sentencias judiciales firmes", ha añadido para recordar que tanto la Delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, como la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, así se lo han trasladado en distintas ocasiones.
PP-A ACUSA A SERRANO DE MENTIR
En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Arancha Martín Moya ha asegurado que todo lo relativo a la construcción del hotel Algarrobico es "la mayor chapuza" del Gobierno de la Junta y que si ocho años después de que el expresidente de la Junta Manuel Chaves anunciara el derribo todavía estamos hablando de demolición es debido "única y exclusivamente al PSOE".
Martín Moya ha indicado que el PSOE no siempre ha mantenido la posición que tiene ahora, recordando que la exconsejera de Medio Ambiente Fuensanta Coves afirmó en 2005 que la construcción del Algarrobico "era un error, pero que era legal". Asimismo, ha criticado que no se hayan exigido responsabilidades políticas y ha preguntado a la consejera si el retracto "no es una nueva ocurrencia", toda vez que ha asegurado que es "mentira" que no conocieran su existencia hasta 2006.
Por su parte, el diputado del PSOE-A José Luis Sánchez Teruel ha mostrado el "absoluto respaldado" de su grupo a la posición de la Junta, que comparten "en el fondo y en la forma". Según ha indicado, hay que hacer desaparecer este "símbolo de la construcción de las costas" porque su existencia contraviene el ordenamiento jurídico y es contrario al modelo de desarrollo que su formación quiere.
Sánchez Teruel, que ha pedido al PP-A y a su presidente, Juanma Moreno, que abandone la posición de "camuflaje" en este asunto y no mire a otro lado, ha reconocido que cuando hace ocho años se paralizó la obra "no se podría haber imaginado que ocho años después este asunto estaría aún sin aclarar por parte de la Justicia, por lo que es normal que la gente piense que algo está fallando".
Por su parte, la diputada de IULV-CA Rosalía Martín ha pedido a la consejera que, toda vez que ya se ha decidido ejercer el derecho de retracto, ahora "toca" poner en marcha una hoja de ruta que, a su entender, debe cumplir, entre otras premisas, con las de recurrir la sentencia del TSJA que "legaliza el Algarrobico y, si fuese necesario, llegar hasta el Tribunal Constitucional e incluso, por qué no, ante el de Derechos Humanos de Estrasburgo", así como con la condición de "iniciar las investigaciones internas que sean necesarias para exigir responsabilidades a todo aquel o aquella que, con sus decisiones, hayan dado lugar a este atentado medioambiental".
Martín también ha celebrado que, "por fin, la Junta de Andalucía haya visto la luz y apueste firmemente por la demolición del Algarrobico sin ningún género de dudas". "Si hay otros que no pueden o que están atados, no deben de servir de entretenimiento a este Gobierno", ha advertido la parlamentaria de la federación de izquierdas, quien ha insistido en que Andalucía necesita "pasos firmes para derribar este símbolo de la especulación urbanística".
