SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía destinó 30,7 millones de euros en 2009 (un nueve por ciento más que en el año anterior) al desarrollo de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, una inversión que permitió acoger en los centros de atención a 2.363 personas y propiciar la inserción laboral de 360 mujeres víctimas de malos tratos, según se recoge en el segundo informe anual preceptivo sobre la materia, que el Consejo de Gobierno ha acordado remitir al Parlamento autonómico.
De acuerdo con el balance, que recoge las medidas desarrolladas el pasado año por todas las consejerías y que ha sido presentado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno por la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, el área de protección y atención a las víctimas acaparó más de la mitad del gasto, 17,3 millones, con medidas en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud, la justicia, la igualdad y el bienestar social. Además de la atención en centros de acogida (que incluye a los menores a cargo de las víctimas), la Junta atendió a 5.371 mujeres en el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Delitos, facilitó información a 11.426 a través del teléfono gratuito y prestó asesoramiento jurídico a otras 3.660.
En el terreno de la recuperación integral de las víctimas, las medidas de la Junta propiciaron, junto con la inserción laboral de 360 mujeres, la concesión de ayudas económicas a 248 víctimas de la violencia. La inversión en estos capítulos fue de 7 millones de euros.
Las acciones desarrolladas durante 2009 se completaron con los programas de investigación, sensibilización y prevención, que supusieron 5,4 millones de euros y prestaron especial atención a los proyectos de coeducación en centros escolares y a las campañas informativas.
Asimismo, el Informe Anual destaca que en 2009 la Junta puso en funcionamiento el sistema telemático del Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección y creó la Comisión Institucional de coordinación y seguimiento de las acciones para la erradicación de los malos tratos, órgano consultivo en el que están representadas todas las consejerías de la Junta, los ayuntamientos, las asociaciones de mujeres y otras entidades que trabajan en prevención y en atención a las víctimas.
Las diferentes medidas recogidas en este segundo informe anual beneficiaron a más de 387.000 personas, incluyendo tanto a las mujeres directamente atendidas en diferentes ámbitos como a las que participaron en otras iniciativas como formación de profesionales o asistencia jurídica.
En Andalucía se registraron durante el pasado año 26.838 denuncias por violencia de género, lo que supone una media de 73 diarias y una disminución del 7,8 por ciento respecto a 2008, similar a la del resto de España. El 33,7 por ciento de los denunciados eran cónyuges de la víctima, el 30,3 por ciento mantenían algún tipo de relación afectiva y el 20,6 por ciento eran excónyuges. En el mismo periodo, los juzgados de la comunidad autónoma acordaron 5.287 órdenes de protección.
DENUNCIAR CON ASESORAMIENTO
Micaela Navarro ha querido poner el acento en la importancia que tiene que una mujer que decide presentar denuncia se asesore previamente, y ha recalcado que la denuncia es la única manera de "impulsar los recursos y los resortes que contempla" la ley.
Asimismo, ha llamado la atención sobre el peligro que tienen determinadas afirmaciones que ponen en cuestión permanentemente la veracidad o no de las denuncias que se presentan, algo que, a su juicio, hace un "flaco favor" a las mujeres. Asimismo, ha lamentado que la bajada en el número de denuncias presentadas en 2009 no se corresponda con una bajada de los casos de violencia o del número de mujeres asesinadas.
Para la consejera, que ha querido poner en valor la labor de los jueces y de la policía, ha estimado que, sin duda, colocar una pulsera al agresor para que se sepa en cualquier momento si se acerca a la víctima es un "buen instrumento" que se debería generalizar más, si bien depende de una orden judicial. De las más de 3.000 pulseras que se pueden utilizar, no llegan a 500 las instaladas a nivel nacional, según ha precisado.
