SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha lamentado la "auténtica traición" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía 9/2013, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla.
En declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press, el consejero se mostró "profundamente indignado" por el hecho de que el Consejo de Ministros "haya utilizado una ley franquista, la Ley de Minas de 1973, para impugnar un decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía por unanimidad de todas las fuerzas políticas para la reapertura de mina se Aznalcóllar".
A su juicio, ello constituye una "auténtica traición al pueblo de Andalucía".
"No han tenido suficiente con impugnar la subasta de medicamentos o con no concedernos un plan de empleo de la misma naturaleza del de Extremadura o Canarias; ahora la gota que colma el vaso es ir contra la soberanía del pueblo andaluz", se lamenta el consejero, quien apunta que "no ha respetado al PP-A, que ha votado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, tanto la aprobación de la proposición no de ley como el decreto ley para convocar el concurso público de la mina de Aznalcóllar, que tanto empleo, riqueza y bienestar podría generar".
Para Sánchez Maldonado, "hoy es un día de luto para Andalucía, provocado pro la traición del PP; Rajoy sigue traicionando a los andaluces".
El consejero asimismo apunta que el Gobierno "se apoyan en una ley preconstitucional, la Ley de Minas de 1973; parece que las leyes franquistas le gusta mucho a los señores que están gobernando".
Sánchez Maldonado se muestra seguro de que el decreto ley "tiene todos los parabienes jurídicos de los servicios jurídicos de la Junta" y lamenta que ahora "pueden pasar cuatro o cinco años y miles de ciudadanos que podrían tener empleo explotando estos recursos naturales de Andalucía no van a tener oportunidad por la cerrazón, sinrazón y traición de Rajoy al Gobierno andaluz".
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía 9/2013, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla. Además, según consta en las referencias publicadas tras el Consejo de Ministros, el Gobierno realizará una invocación expresa del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión del decreto andaluz.
FINAL DEL PROYECTO
La Junta ha advertido de que la decisión del Gobierno de España "puede representar en la práctica el final del proyecto de reapertura de la mina", en la medida en que la impugnación "suspende de inmediato el concurso hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional y, en el caso de que el alto Tribunal levantara la suspensión, mientras esté pendiente la resolución del recurso difícilmente se van a presentar ofertas ante la inseguridad jurídica que supone". Lamenta que la decisión del Consejo de Ministros "se produce además sin previo aviso por parte del Gobierno central a la Administración autonómica".
En una nota, la Junta ha explicado que dadas las excepcionales circunstancias que concurren en Aznalcóllar, el Gobierno andaluz aprobó el pasado 17 de diciembre un Decreto-ley que establece una reserva minera, con el fin de asegurar que la reapertura "viniera precedida de un concurso público internacional en el que sería seleccionada para explotarla la compañía más adecuada y que pueda garantizar el cumplimiento de los estándares más altos de protección y de seguridad ambiental".
La Junta indica que esta medida --la celebración de un procedimiento público y de concurrencia competitiva para la adjudicación de una concesión minera-- "es algo excepcional, ya que en la preconstitucional Ley de Minas de 1973 la regla general es que el derecho minero se otorga a quien primero lo solicita ('prior tempore, potior iure'), siempre y cuando cumpla determinados requisitos establecidos en la legislación".
Agrega que "la excepción es la reserva minera, pues solo cuando la Administración declara la caducidad de un título minero o levanta una zona de reserva es posible seleccionar al explotador de la mina a través de un concurso público".
El Gobierno andaluz considera que la regla de la prioridad establecida en la Ley estatal de 1973 "es una invitación a la especulación, mientras que el concurso internacional, que permite la comparación de las ofertas de las diferentes empresas mineras, es la solución que mejor se adapta a los requerimientos de la sociedad y a las exigencias medioambientales".
Asegura que al aprobar el Decreto-Ley, que ha sido convalidado por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, la Junta de Andalucía "actuó de acuerdo con sus competencias para la regulación y el control de las minas y de los recursos mineros (Estatuto de Autonomía) y para la gestión de la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales (Estatuto de Autonomía)".
El consejero de Economía ha puesto de manifiesto "la paradoja de que el Gobierno central acuda al Tribunal Constitucional invocando una Ley de Minas de 1973, de carácter preconstitucional, y después de que el Parlamento de Andalucía haya avalado de forma unánime el Decreto-Ley del pasado mes de enero y de que en julio de 2013 se aprobase una proposición no de ley, también de forma unánime, en la que los grupos parlamentarios de PP, PSOE e IU instaban al Gobierno andaluz a reabrir el complejo minero".
Para José Sánchez Maldonado, con esta decisión, el Gobierno de España "se sitúa en contra de los intereses de Andalucía, comunidad autónoma en la que existe un amplio consenso político y social para reactivar la minería de forma sostenible en un contexto en el que se ha incrementado de forma significativa la demanda de mineral y de que la actividad extractiva pueda realizarse con las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad".
